Los mismos de siempre hacen lo mismo de siempre para que todo siga igual que siempre. No de otra manera se puede expresar la pretensión de decretar otra amnistía. Si lo logran, humillarán una vez más a las miles de víctimas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y debilitarán aún más el sistema judicial. El proyecto avalado por Arena y sus socios, y por la posición vacilante del FMLN, consolidaría la impunidad que tan buenos servicios ha prestado a la generación de la guerra civil en las tres últimas décadas. Los argumentos esgrimidos para justificar el proyecto son los típicos. En definitiva, ofrecen protección a los asesinos y sus cómplices, y abandonan a sus víctimas.
Ciertamente, la Sala de lo Constitucional, al suprimir la amnistía de 1993, les encomendó en 2016 elaborar una legislación de justicia transicional que garantizara el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Dos años y medio después de la sentencia, Arena y sus socios aprovechan la oportunidad para introducir de nuevo la amnistía, que una Sala complaciente validaría sin escrúpulo. A fin de cuentas, eso es lo que los diputados esperan de los magistrados. El proyecto de ley impide investigar los crímenes, juzgar a los acusados e imponer sanciones a los culpables.
Qué otra cosa se puede esperar de una comisión donde cuatro de sus cinco integrantes son diputados vinculados con violaciones graves a derechos humanos. El autor del adefesio es el abogado del Ejército que, según el informe de la Comisión de la Verdad, manipuló las declaraciones extrajudiciales de los militares acusados de la masacre en la UCA para proteger a miembros del Estado mayor de la Fuerza Armada. Dos comisionados son ex oficiales, un coronel y un general. El coronel fue el último comandante del batallón Atlacatl, responsable de numerosas masacres y de violaciones tipificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad. El general es miembro del grupo de oficiales conocido como “La Tandona”, acusado de numerosos crímenes de guerra. Por último, figura una dirigente del FMLN, que formó parte de un grupo insurgente al que la Comisión de la Verdad le atribuye varios crímenes de guerra.
Los cuatro comisionados se defienden alegando idoneidad, adquirida de la familiaridad con los responsables de violaciones a derechos humanos. En la guerra, estos militares transformados en diputados sostuvieron que solo la guerrilla los violaba, mientras que el FMLN justificaba los actos de terrorismo. Ninguno ha perdido el hábito de mentir. Ahora defienden la amnistía con el lenguaje de la justicia transicional y aducen haber retomado elementos del proyecto presentado por los representantes de las víctimas en 2017. Más aún, el presidente de la comisión tiene la desfachatez de reconocer abiertamente que se trata de otra amnistía. La diputada del FMLN lo corrobora porque, según ella, es un elemento clave de los acuerdos de 1992. En realidad, estos solo amnistían a los guerrilleros por haber pertenecido a un grupo armado.
Y encima rechazan las críticas aduciendo que el proyecto es un mero punto de partida. Es un mal punto de partida. Discutirlo es perder tiempo, muy valioso para las víctimas, que aguardan justicia desde hace mucho tiempo. Y peligroso, porque los avatares de la discusión legislativa lo pueden convertir en ley. Así, pues, dos años y medio después de la derogación de la amnistía, los diputados ni siquiera cuentan con un borrador aceptable de una ley de justicia transicional. Sus prioridades son otras, no las víctimas y sus sufrimientos.
La responsabilidad de este desatino no es solo de la comisión, sino también, y en gran medida, de los diputados que la eligieron y de sus respectivos partidos que la aprobaron. Arena siempre ha favorecido el perdón y el olvido. El FMLN, en un primer momento, se opuso a la amnistía. Cuando la Sala de lo Constitucional la abolió, descubrió su conveniencia. Incluso la defendió con los mismos argumentos de Arena. Aunque se comprometió a presentar un proyecto de ley —incluso envió delegados a conocer experiencias de justicia transicional—, al final, con la incapacidad que lo caracteriza, asumió el planteamiento de Arena y sus socios. A última hora, ha recapacitado y pide un proyecto alternativo, el cual existe desde 2017. Pero todos los partidos convinieron en archivarlo, porque defendía el derecho de las víctimas.
La discusión de la amnistía está poniendo a prueba cuán serios son los deseos de renovación de Arena y del FMLN después de la debacle del 3 de febrero. En el debate tendrán que optar por los militares, los guerrilleros y los civiles responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, o por sus víctimas, que reclaman verdad y justicia. Las primeras reacciones de los dos partidos indican que siguen sin escuchar su clamor. Hasta ahora, la discusión interna se centra en cómo renovar las dirigencias, con lo cual, al final, los mismos de siempre harán lo mismo de siempre para que todo siga igual que siempre.