Misoginia, impunidad y delincuencia policial

A 25 años de su fundación, la PNC atraviesa su peor crisis institucional. Una crisis que es sistémica y resultado, por un lado, de una conducción errática y, por otro, de la instrumentalización de la seguridad por parte de todos los Gobiernos de la posguerra. El creciente deterioro de la institución a cargo del monopolio del uso de la fuerza es tal que está en ruta de convertirse en una seria amenaza para los ciudadanos, e incluso para algunos de sus miembros. El secuestro, la posible violación y la desaparición forzada de la agente Carla Ayala a manos de sus propios compañeros del Grupo de Reacción Policial y la notoria complicidad ejercida por la PNC —denunciada por la Fiscalía en las primeras indagaciones del caso— muestran la profunda descomposición institucional que experimenta hoy la entidad garante de la seguridad pública en el país.

La incapacidad del batallón mejor entrenado de la Policía para atrapar, en al menos tres oportunidades, al presunto responsable de la desaparición de Ayala es poco creíble. La fuga de información, las versiones incongruentes, cambiantes y contradictorias de los procesados y de los testigos, así como las graves omisiones en las indagaciones iniciales de los investigadores a cargo del caso son solo algunos indicios que apuntan a un posible encubrimiento institucional del crimen. Irónicamente, Carla no parece ser prioridad investigativa dentro de la PNC, como sí lo han sido policías asesinados a manos de pandilleros, en los que la institución ha dispuesto de todos los medios posibles para esclarecer con celeridad los casos.

En este hecho emblemático se conjugan males como la misoginia, la impunidad y la delincuencia policial. Estos flagelos suelen nutrirse juntos bajo regímenes corporativizados y jerárquicos, y proliferar en subculturas policiales en las que los códigos de silencio y el espíritu de cuerpo son promovidos como valores institucionales. La misoginia, tan común en nuestra sociedad, es mayor en entidades como las fuerzas de seguridad, en las que se exalta el ideal de policía masculino. Esto se expresa en la discriminación que enfrentan muchas agentes cuando son vistas como figuras decorativas o como un estorbo al ser asignadas a servicios operativos, y además se revela en hechos más graves de violencia sexual, perpetrados por sus propios compañeros o jefaturas.

Un estudio de mi autoría ofreció en 2001 evidencia empírica de que la violencia sexual afectaba cotidianamente a las mujeres dentro de la Policía, en una época en la que ellas solo constituían el 7% de la plantilla policial. La investigación mostró que cerca de la mitad de las mujeres entrevistadas había sufrido uno o más eventos de acoso sexual al interior de la PNC, que el acoso afectaba principalmente a las agentes de nivel básico, que los agresores eran principalmente mandos medios y superiores, y que se trataba de hechos reiterados y no de eventos aislados, como suelen asegurar las autoridades. Los datos también indicaban que más del 90% de las víctimas optaba por no denunciar los hechos por temor a represalias, vergüenza, desconfianza en las instancias disciplinarias internas y poco respaldo de las jefaturas. Algunas de las ofendidas señalaron la complicidad y la tolerancia de jefes policiales hacia las conductas inapropiadas de sus compañeros o subalternos, lo que generaba en las víctimas un sentimiento de mayor vulnerabilidad y desamparo.

¿Cuál será la situación de las mujeres hoy día en la Policía, en un momento en el que constituyen el 14% de la plantilla?, ¿qué dimensiones habrá alcanzado la violencia sexual al interior de la corporación y de la misma Academia de Seguridad Pública cuando el número de mujeres se ha duplicado y los problemas de abuso de poder e impunidad policial se han acrecentado? Aunque no se puede cuantificar con precisión, al interior de la Policía muchos de los hechos de violencia sexual contra las agentes son de conocimiento de compañeros, jefaturas y autoridades, sin que hasta la fecha estos últimos hayan tomado medidas para poner paro a esta bochornosa situación. Con frecuencia la violencia sexual suele ser naturalizada, justificada y legitimada por la cultura machista, el abuso de poder y la impunidad que ha permeado a la corporación. Se tiende a responsabilizar a las víctimas por lo ocurrido, a denigrarlas y desprestigiarlas. Frente a ello, las víctimas optan por callar para evitar mayores represalias en su contra. Algunos casos han transcendido los muros de la institución, pero las víctimas no se atreven a denunciar, lo que ha favorecido que sigan en la impunidad. Otros más, como el de Carla Ayala y el de la policía que fue violada por cinco de sus compañeros en septiembre de 2017, han sido conocidos públicamente porque la gravedad de los hechos ha impedido su ocultamiento.

Si bien el caso de Carla Ayala ha colocado a la PNC en la mira de la opinión pública, han pasado cuatro meses sin avances significativos en el esclarecimiento del hecho. Contrario a lo ocurrido con el crimen de la periodista Karla Turcios, que se resolvió prontamente gracias al uso de pericias científicas y tecnológicas como las bitácoras de llamadas, las cámaras de video-vigilancia y los localizadores de GPS, en el caso de Carla no hay incautación de teléfonos, ni registros de llamadas, ni análisis científico de la sangre encontrada en la sede del GRP. Aquí lo que hay es negligencia, omisiones en la investigación, fuga de información y una ofensiva obstrucción de la justicia por parte de la Policía. Todo esto solo apunta a que la PNC está ocultando algo y encubriendo a alguien más que al exagente prófugo.

* Jeannette Aguilar, directora del Iudop