Narcoguerra en el patio trasero

El recrudecimiento de la violencia delictiva y el creciente control territorial que parecen tener las organizaciones criminales en el país no son solo fenómenos endógenos o coyunturales. A la grave situación de delincuencia que El Salvador ha padecido durante las dos últimas décadas, se suma ahora la amenaza del crimen transnacional. Guatemala y Honduras han experimentado también en el último lustro un crecimiento sin precedentes del crimen violento. El sicariato y las ejecuciones extrajudiciales están cobrando la vida de mucha gente en estos países. Desmembramientos, decapitaciones, lapidaciones... la muerte más cruenta y espantosa es parte del espectáculo dantesco al que se ve expuesta cotidianamente la población. Y aunque la presencia del narcotráfico y el crimen organizado no es nada nuevo en la región, todo parece indicar que su accionar se ha profundizado en los últimos años como resultado de la mayor hegemonía que ostentan hoy en día los cárteles mexicanos en la distribución de la droga que se dirige a hacia Estados Unidos.

La estrategia militar del Gobierno de México contra el narcotráfico, impulsada con el apoyo de Estados Unidos, no solo ha incidido en el recrudecimiento de la violencia letal en el vecino país (entre 2006 y 2009 se contabilizaron cerca de 19 mil asesinatos vinculados a la narcoviolencia), sino que está coadyuvando a la mutación y expansión de las estructuras criminales, las cuales han ampliado su poder militar, financiero y territorial. En la actualidad, los ocho principales cárteles mexicanos se han reestructurado estratégicamente en dos megacárteles para disputarse el control de los cargamentos de droga y las rutas hacia Estados Unidos. Desde finales de los noventa, como resultado de la estrategia militar de Colombia y Estados Unidos, las rutas de tránsito por el Caribe fueron sustituidas por nuevos trayectos por Centroamérica. De acuerdo a la Oficina para el Control de la Droga y el Delito, de la ONU, el 88 por ciento de la droga que llega a Estados Unidas circula a través del corredor Centroamérica-México, lo que ubica a la región en una delicada situación geopolítica.

Lo que ha sucedido es que, ante la aplicación de esas estrategias militares focalizadas, el narcotráfico y la estela de violencias que lo acompaña se han desplazado territorialmente en busca de nuevos nichos. Así, el fortalecimiento de las mafias mexicanas vinculadas al narcotráfico se dio luego del desmantelamiento de los principales cárteles colombianos como resultado del Plan Colombia. En los últimos años, a raíz de la estrategia militar que México y Estados Unidos ha emprendido contra los cárteles de la droga en territorio azteca y de las nuevas rutas que se abrieron como resultado del Plan Colombia, el narcotráfico se ha expandido hacia los países de Centroamérica.

Pero, en la actualidad, los cárteles mexicanos no solo se disputan el control de las rutas centroamericanas por las que circula la cocaína que proviene de Suramérica. De acuerdo a especialistas en la materia, para aumentar su dominio, estas mafias están generando mercados y redes de narcomenudeo local, al tiempo que han instalado zonas de operación en territorio centroamericano, particularmente en los países más cercanos a México. Sus vínculos con el tráfico de armas y con redes de trata de personas, de robo de vehículos y de producción y venta de mercadería pirata, entre otros, aumentan su potencial financiero y su capacidad de confrontación y destrucción. No hay duda de que se trata de un fenómeno transterritorial que está encontrando en las condiciones de exclusión y debilidad institucional de algunos países centroamericanos el nicho ideal para operar. Dada la situación actual, de no haber un giro en la estrategia mexicana de combate al narcotráfico que promueva cambios sistémicos, se vaticina una profundización de la violencia en México y en los países centroamericanos.

De igual manera, las probabilidades de éxito en la lucha contra el narcotráfico serán pocas mientras Estados Unidos no replantee su política antidrogas bajo una concepción más integral, que incluya medidas serias y sostenible de control y reducción de la demanda en su territorio; no adopte políticas de control del flujo de armas que circulan hacia México; y no ejerza mayor fiscalización en su territorio para evitar el lavado de los inmensos flujos de dinero procedentes del narcotráfico y el crimen organizado. Por de pronto, lo que se evidencia es que el conflicto volverá a librarse, como hace dos décadas, en el patio trasero de la gran nación consumidora de drogas.