Durante la semana pasada, continuó la vista pública del “Caso Tregua”. En una de las sesiones, la Fiscalía presentó a un testigo conocido como “Nalo” y este reveló que tanto el FMLN como ARENA dieron a las pandillas alrededor de $350 mil para conseguir votos en las elecciones presidenciales del 2014. Visto así, esta acción constituye claramente un fraude electoral. Sin embargo, ningún dirigente de ambos partidos se ha pronunciado ni ha negado lo dicho por Nalo.
Que los partidos políticos más grandes negocien con pandillas a cambio de votos solo reconoce el amplio control y poder que tienen estos grupos en sus comunidades y, por ende, reconoce la pérdida de control del Estado en una gran cantidad de territorios, en donde la máxima autoridad es la pandilla y donde la pandilla podría conseguir gran cantidad de capital político para el mejor postor, es decir, para quien les ofrezca mejores tratos.
El mismo día en que Nalo rindió su declaración ante el Tribunal Antimafia de Sentencia, Norman Quijano, excandidato presidencial por el partido ARENA en las elecciones del 2014, dijo a una reportera del Noticiero de Canal Seis que quedaba en evidencia que El Salvador “tiene un presidente ilegítimo”, ya que logró ganar la presidencia por medio de la compra de votos. Sin embargo, si Quijano hubiera ganado, según su misma lógica, también sería un presidente ilegítimo, que negoció y prometió beneficios a las pandillas para conseguir votos.
Ciertamente, es una lástima que un proceso como la tregua no haya sido transparente desde un inicio y no haya podido convertirse en un proceso serio de diálogo que desembocara en una solución a la problemática de las pandillas, dado que cada día es más evidente que la represión no es suficiente.
A pocos meses de las próximas elecciones, muchos candidatos siguen prometiendo endurecer más leyes y crear más medidas represivas, aunque debajo de la mesa puedan negociar beneficios con las pandillas a cambio de más votos. Mientras la problemática de seguridad pública se siga abordando de una manera tan superficial, la ciudadanía perderá aún más la confianza en los partidos políticos y en las instituciones públicas y se habrá desperdiciado la posibilidad de trabajar en una solución integral a un problema que le ha costado tantas víctimas y tanto dolor a la ciudadanía.