Nuestra pobre resiliencia económica ante desastres

La tormenta del 7 de noviembre de 2009, que cayó con mayor intensidad sobre el valle del Jiboa, fue registrada en la Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT/CRED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 desastres históricos de mayor impacto ocurridos en el país. Según esta base de datos, la tormenta dejó 90,000 personas afectadas, 275 muertos y un estimado de $939 millones en daños económicos. Si a esta última cifra se agregan los daños ocasionados por la sequía ($27 millones) que había afectado al país antes de la tormenta, las pérdidas económicas debidas a desastres fueron de $966 millones en 2009. Solo en los últimos 30 años, el país ha tenido pérdidas económicas debido a grandes desastres por $5,508.3 millones. Los daños ocasionados por eventos pequeños, como el frente frío del mes de enero de 2010 (cuyos efectos se pueden consultar acá), no se incluyen en estas cifras económicas.

Si se hacen cálculos gruesos, se podría estimar que el país tiene una pérdida económica anual por grandes desastres de $184 millones, aproximadamente. Estimaciones del PNUD, a través del Índice de Déficit por Desastre (IDD)para el año 2000, indicaban un aproximado de $139 millones en pérdidas al año (sin incluir los daños ocasionados por los terremotos de 2001). El IDD se calcula como el cociente entre la pérdida por el evento máximo considerado (EMC) y la resiliencia económica del país. Es decir, el indicador mide, en términos macroeconómicos y financieros, el riesgo del país ante la situación más crítica que puede suceder durante un tiempo de exposición dado y la capacidad económica para hacerle frente a esa situación.

Para el caso de El Salvador, el indicador IDD para el año 2000 fue de 2.77 y corresponde a 500 años de período de retorno, equivalentes a una probabilidad de excedencia del 2% en 10 años. En otras palabras, se asume que la probabilidad de que ocurra el evento máximo considerado es del 2% en 10 años, y el valor del Índice (2.77) indica que este evento superaría en casi 3 veces la capacidad del Gobierno para atender el desastre. Para la estimación de la resiliencia económica se calculan los fondos a los que el país puede recurrir en caso de desastre, y que provienen de diferentes fuentes: pago de seguros y reaseguros, reservas disponibles en fondos para desastres, ayudas y donaciones, impuestos, margen de reasignación presupuestaria en caso de desastres y créditos externos e internos a los que el Gobierno podría aplicar.

La pregunta obligada en este momento es ¿qué ha hecho El Salvador en este tema? Hasta el año 2005, el país, por medio de los decretos 777 y 778, creó la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y el patrimonio de un fondo de desastres conocido como FOPROMID, con un capital semilla de $4 millones que el Ministerio de Hacienda maneja en una cuenta especial. El artículo 4 del decreto 778 establece que "los recursos del FOPROMID solamente se podrán utilizar en la prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva emergencia ocasionada por desastres, sea que se trate de un evento que tenga impacto nacional o que las incidencias del mismo afecten un espacio limitado del territorio nacional".

Este es un buen avance en el fortalecimiento institucional, pero con el dinero de FOPROMID y la situación de endeudamiento actual del país difícilmente podríamos afrontar desastres en los próximos años, a menos que se tomen medidas urgentes para incrementar este fondo de reserva. Recientemente, los ministros de Hacienda y Medio Ambiente anunciaron sendos fondos. El primero de ellos es el crédito de contingencia que otorgó el Banco Mundial a El Salvador por $50 millones, que podrá ser utilizado únicamente en caso de desastre nacional. El segundo, anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el pasado 22 de enero, es de $23.5 millones, que se invertirán en trabajos de mitigación de riesgos para el próximo quinquenio a través de un plan con cuatro ejes programáticos: formación, monitoreo, desarrollo y educación. Sin embargo, este último fondo está pensado más para fortalecer el Ministerio que para tener un impacto directo en la reducción de la vulnerabilidad del país.

Ante la alta vulnerabilidad de El Salvador y frente al hecho de que el territorio nacional está ubicado en una zona de múltiples amenazas, se debe tomar en serio el fortalecimiento del FOPROMID. Una idea que se podría implementar es la de crear un especie de fondo de pensiones, pero de apoyo al FOPROMID, de tal forma que se utilice para la prevención y mitigación de riesgos, y no solo en las fases de atención a la emergencia y de recuperación ante el desastre. La historia de desastres del país y su impacto adverso en el desarrollo económico y social hacen más que necesario adoptar medidas como la aquí propuesta. De lo contrario, lo poco que se logra construir con muchos años de trabajo corre el riesgo de destruirse en segundos debido a un terremoto o en horas debido a una tormenta, como ha sucedido en años anteriores. En esencia, lo que se propone es aumentar la resiliencia económica del país a fin de mejorar el Índice de Déficit por Desastre. Sin duda, es esta otra de las tareas pendientes del Gobierno.