Para repensar el país

El Salvador le debe mucho a los derechos humanos (DDHH), pero nunca han sido el objetivo preferencial del Estado. Gracias a que existen, a que son parte indiscutible de la democracia y que tienen defensores permanentes, los abusos estatales no son tan graves como podrían serlo si no existiera esa barrera. Sin embargo, la exacerbada violencia tradicional, el flojo desempeño de las instituciones de persecución y sanción del delito, y la poca cultura de prevención provocan situaciones claramente contrapuestas a los DDHH. En ese sentido, es imprescindible realizar periódica y sistemáticamente una especie de auditoría pública sobre estos derechos.

Como fruto de la guerra civil, El Salvador ha contado con diversas organizaciones no gubernamentales que defienden derechos básicos y han contribuido a que la institucionalidad del país se haya fortalecido, a pesar del camino que todavía nos queda por recorrer. Con frecuencia, la tarea de las ONG es difícil, porque no solo deben luchar contra los abusos, sino también contra una cultura que tiende a justificarlos. Y cambiar la cultura siempre es un proceso lento, especialmente cuando las instituciones no realizan un trabajo interno serio para impedir que rebroten dentro de ellas tendencias culturales nocivas para la justicia.

Todavía muchas instituciones públicas, y fundamentalmente los tres grandes poderes del Estado, se molestan cuando se les reclama cualquier tipo de violación a los DDHH. Cuando ningún partido tiene el control total de los tres poderes, la tendencia frente a las acusaciones de violar los derechos de las personas es a echarse la culpa unos a otros, pero mirando siempre con desconfianza a las organizaciones y a las personas que denuncian. Ante la plaga de homicidios, por ejemplo, cada institución o cada partido político trata de limpiarse culpando a otros, cuando la realidad es que un problema tan general como el de los homicidios o las violaciones de menores nos compete a todos. Y las estructuras y poderes estatales, así como los partidos políticos, que deben incidir en el orden y el bien común de la polis, tienen en estos casos una responsabilidad especial.

En El Salvador hemos tenido personalidades eximias en el campo de los DDHH. Marianela García Villas es una de ellas, pero está relegada al olvido. En Italia se escribe sobre ella como persona ejemplar; aquí la olvidamos. María Julia Hernández nunca fue del agrado de los poderes establecidos. Gracias a ella tenemos el impactante Monumento a la Memoria y la Verdad en el parque Cuscatlán, auténtico alegato al nunca más frente a la barbarie de nuestra guerra civil. Herbert Anaya dio también su vida defendiendo los derechos de los pobres. La Dra. Victoria Marina de Avilés, en tiempos más difíciles que los actuales, supo darle a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la fuerza institucional y moral que convirtió a esta institución en una fuerza indispensable para el desarrollo humano y ético de nuestro país.

Tenemos el recurso humano, los principios, las personas generosas adecuadas y una serie de instituciones empeñadas en sacar adelante una sociedad más humana. Y es en este contexto que las ONG de derechos humanos informamos sobre situaciones que deben cambiar. Este martes, el Idhuca presentó su informe y revisión crítica sobre la situación de los DDHH en 2018. La conciencia de nuestra situación, más allá de las propagandas, es indispensable para que el desarrollo de El Salvador sea realmente equitativo, justo y humano. La crítica en este campo nunca es destructiva. Al contrario, es parte de un esfuerzo necesario para repensar el país y para relanzarlo a una trayectoria más compartida por todos, más democrática y mucho más sostenible.

 * José María Tojeira, director del Idhuca.