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El descuido de los recursos naturales es el descuido del futuro de nuestro país. Esta aseveración fue tema de un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el año 2016; el estudio concluyó que a El Salvador le quedaban menos de 80 años como país viable si no se modificaban las prácticas de sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos. Si hacemos las cuentas, nos quedan 72 años. No obstante, en lugar de gestionar políticas y prácticas a nivel nacional para la protección y preservación de los recursos naturales, hay una preocupante tendencia en la actualidad de perseguir ambientalistas de gran compromiso y larga trayectoria.
En los últimos 25 años, líderes de ONG como la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), del departamento de Cabañas, han promovido una lucha incansable en defensa del medioambiente de El Salvador, especialmente del agua, y contra la minería metálica, por el impacto de esta industria en los recursos naturales. No obstante, en lugar de ser reconocidos y premiados como héroes nacionales, estos defensores del agua están en riesgo de pasar el resto de sus vidas en la cárcel.
El departamento de Cabañas ha sido una de las zonas más codiciadas por las empresas mineras transnacionales, desde hace décadas, por la existencia de depósitos de oro y plata económicamente viables para la explotación. Al darse cuenta de esta amenaza, las comunidades más afectadas del departamento, juntas con el liderazgo de ADES, iniciaron un proceso de investigación y aprendizaje para profundizar sus conocimientos sobre el impacto de esta industria en los recursos naturales.
Sus esfuerzos los llevaron a visitar los países de la región en los que existían proyectos mineros, para aprender de la experiencia de las comunidades más afectadas por estas operaciones. Su primera visita fue a Valle de Siria, en Honduras, en el que una mina de oro (mina San Martín) estaba causando estragos en las comunidades cercanas. Después de solo nueve años de operaciones, 19 de los 23 ríos de esa bella zona se habían secado. La zona, dedicada anteriormente a la agricultura y ganadería, estaba completamente contaminada y sus habitantes sufrían de enfermedades graves causadas por cianuro, mercurio, plomo y drenaje ácido, todos relacionados con la minería metálica.
Los líderes viajaron después a Guatemala, acompañados por otras organizaciones de la sociedad civil de El Salvador. Ahí visitaron la mina Marlín, en el departamento de San Marcos, donde se ocupaban más de 6 millones de litros de agua al día para explotar oro y plata. Conocieron a las comunidades de la población maya Mam que luchaban con valentía contra la minería por el daño que causaba a sus bosques, al suelo y a las fuentes de agua cercanas. Además, se dieron cuenta de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la violación del derecho al consentimiento previo, libre e informado establecido para proteger los territorios de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de las Naciones Unidas.
En la costa atlántica de Nicaragua, ADES y otras ONG visitaron los tres municipios del Triángulo Minero (Siuna, Bonanza y La Rosita), donde pudieron observar los altos niveles de contaminación de las fuentes de agua de la zona y fueron testigos de la destrucción de las formas tradicionales de vida (pesca, agricultura y ganadería) de las poblaciones locales. También visitaron las explotaciones artesanales de oro y plata en San Sebastián, La Unión, donde atestiguaron el enorme problema de drenaje ácido resultante de décadas de explotación de la minería metálica en la zona, que ha destruido una de las fuentes de agua más importantes para miles de familias de Santa Rosa de Lima.
En cada mina visitada, la historia era la misma: empresas transnacionales operando sin consulta a las poblaciones afectadas, falsas promesas de despegue económico para las comunidades más cercanas y altos niveles de destrucción ambiental (especialmente de bosques, hábitat y recursos hídricos) y de formas tradicionales de vida.
El Salvador ya sufría una profunda crisis hídrica en términos de cantidad, calidad y acceso. La disponibilidad de agua era insuficiente para responder a la demanda de la población. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, más de 90% de las aguas superficiales del país estaba gravemente contaminado y 50% del agua potable proveída por el Gobierno se perdía por daños en los sistemas de tubería. Con el conocimiento de la minería metálica alcanzado en las visitas a la región, organizaciones como ADES llegaron a la firme conclusión de que El Salvador no era un país apropiado para la minería metálica.
En 2004, ADES, junto con las comunidades del país más amenazadas por la minería, movimientos sociales, la Iglesia católica, instituciones académicas, aliados internacionales y otras fuerzas claves, inició una campaña para prohibir esta industria. Se formó la Mesa Nacional Frente la Minería Metálica en El Salvador y se llevó a cabo una estrategia amplia de educación y concienciación ciudadana, organización, comunicación y articulación de medios, investigación, construcción de alianzas y movilización.
El 29 de marzo de 2017, luego de más de una década de lucha persistente, se logró la aprobación de una ley que prohibió la minería metálica en todas sus formas y en todo el territorio nacional. La votación fue unánime; la victoria fue celebraba por toda la nación. Costa Rica había prohibido la minería a cielo abierto en 2010. Algunos territorios de EE. UU., el uso de cianuro, igual que provincias de Argentina, países de la Unión Europea y partes de Europa oriental. No obstante, El Salvador fue el primer país del mundo en prohibir esta industria de forma total.
Las empresas mineras transnacionales reaccionaron con indignación y pasaron los siguientes siete años intentando superar este precedente tan importante para El Salvador. El liderazgo de ADES empezó a detectar y denunciar públicamente a principios de 2022 que personas extranjeras se estaban acercando a las comunidades de Cabañas para diseminar de nuevo los mitos de la “minería verde” en un esfuerzo de ganar mentes y corazones.
Pronto se descubrió que el Gobierno, de forma silenciosa e inconsulta, había incorporado a El Salvador en una red internacional de países mineros y que había invitado a dirigentes de esta red a visitar al país para evaluar el potencial para la explotación minera. Al mismo tiempo, se anunció una serie de reformas legales para fortalecer la institucionalidad esencial para la minería y establecer como mandato gubernamental el fomento de esta industria.
La dirigencia de ADES simbolizaba la histórica lucha en oposición a la minería metálica en El Salvador en esos días. Sus líderes fueron capturados por la Policía en la madrugada del 22 de noviembre de 2022. Hasta la fecha, los movimientos sociales sostienen una dura lucha para lograr su libertad definitiva. El 24 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa anuló la ley de prohibición de la minería metálica y la sustituyó con una nueva ley nacional, abriendo la puerta a la minería metálica y confirmando la especulación sobre las razones verdaderas de la persecución de ambientalistas.
El Salvador vive tiempos confusos. A veces parece que la realidad en este país está patas arriba. Lo injusto es llamado “justo”; la defensa de los recursos naturales es entendido por el Ministerio de Medio Ambiente como obstáculo para el desarrollo; los héroes nacionales han sido acusados y perseguidos. Las nuevas generaciones enfrentan la enorme incertidumbre de un lejano horizonte.
* Andrés McKinley, asesor en agua y minería, Vicerrectoría de Proyección Social.
