¿Qué implica olvidar el 16 de enero?

Por primera vez desde 1993, la fecha del 16 de enero transcurrió sin una mención o un recordatorio del Ejecutivo, sin actos oficiales de conmemoración. Se ha señalado que esta omisión gubernamental de la fecha en que se recuerda la firma de los Acuerdos de Paz tiene la intención de remarcar el hecho de que el país dejó atrás el capítulo de la posguerra y que se está ante un nuevo momento histórico. Hay otras voces que ven este asunto de una forma menos optimista. Señalan que el olvido de la fecha se da en función de negar cualquier relevancia a Arena y al FMLN, los protagonistas de la firma. Únicamente el FMLN, dicho sea de paso, llevó a cabo una actividad de celebración, pero sin la connotación ni la fuerza que la conmemoración tuvo mientras era una celebración oficial.

La omisión en la agenda gubernamental de esta fecha histórica es preocupante. No tanto porque se haga a un lado el protagonismo de las otrora principales fuerzas políticas del país en los acuerdos políticos que pusieron fin a la guerra. Un análisis mínimamente riguroso permitirá ver que si bien los firmantes del acuerdo fueron estas dos fuerzas, la paz fue también producto de la movilización de diversos sectores de la sociedad salvadoreña para presionar por una salida negociada a la guerra. Figuras como las de monseñor Rivera y Damas e Ignacio Ellacuría simbolizan ese anhelo y voluntad colectivas.

Olvidar los Acuerdos de Paz es también olvidar el sacrificio de muchas personas de todas las edades, combatientes y civiles, en pos de lograr una transformación radical de la injusta realidad salvadoreña. Esa que estaba signada, como bien lo apuntó Ellacuría, por un “pecado estructural”, en virtud del cual una minoría elitista, apoyada por un aparataje de represión institucionalizada, disfrutaba de unos privilegios escandalosos, obtenidos por el abuso y la explotación.

Todo esto resulta evidente detrás del silencio oficial en la fecha que nos ocupa. No obstante, hay una cuestión todavía más preocupante: que al olvidar o desmeritar los logros de los Acuerdos de Paz de 1992 se genere la tentación de revertir las conquistas democráticas logradas a raíz de dicho proceso. No se trata de asumir una actitud celebratoria y dogmática ante lo positivo del proceso político iniciado en 1992, pues es evidente que la democratización del sistema político, que trajo consigo el reconocimiento de derechos civiles hasta entonces violentados, no niega la falta de democratización del sistema económico ni tampoco la postergación del reconocimiento real de la dignidad de las víctimas de la guerra y de los veteranos del conflicto. Pero esto no debe llevar a “arrojar el agua sucia de la bañera con todo y el niño”, como dice cierta expresión.

La negación de la importancia de los Acuerdos de Paz, reduciéndolos a un simple episodio en el que las dos fuerzas signatarias solo obtuvieron beneficios particulares, trae consigo el peligro innegable de que se nos olvide la importancia de las libertades políticas y sociales: el hecho de que nadie puede ser intimidado o castigado por organizarse a favor de sus derechos legítimos; el hecho de que la visión represiva de la doctrina de la seguridad nacional, pilar de los cuerpos coercitivos del Estado, se haya intentado sustituir por otra visión, más consciente de la necesidad de respetar los derechos humanos; el hecho, nada despreciable, de que la crítica ejercida hacia cualquier actor político no tenga consecuencias negativas para su autor —siempre, por supuesto, dentro de los límites de la ética y la responsabilidad—.

Se podría decir que las generaciones jóvenes serían más proclives a este olvido, porque la guerra civil salvadoreña les es tan remota como lo era la Primera o la Segunda Guerra Mundial para los que vivieron el conflicto. Pero no es tanto cuestión de edades; no se trata de fortalecer un estereotipo negativo hacia la juventud, que en algunos casos sí ha demostrado tener una preocupación por conocer y ocuparse de la historia del país, mucho más que individuos de generaciones posteriores que quisieran pasar apresuradamente la página de 1980-1992. El problema es que si una tendencia proclive a olvidar los problemas históricos se une a la desesperanza, se abre la posibilidad de que, como sociedad, revirtamos lo que costó tanto alcanzar. Ya lo decía también Ellacuría: los procesos históricos son abiertos. No hay nada en ellos que sea irreversible o que ya esté decidido de antemano, pues su rumbo depende tanto de las condiciones como de las fuerzas que intervienen en ese proceso. Como apuntaba el filósofo, estos procesos pueden traer consigo mayores posibilidades de humanización, pero también pueden revertirse y producir todo lo contrario.

Tanto en el país como en el contexto mundial, hay fuerzas autoritarias —en el poder en muchas naciones— que quisieran borrar de un plumazo el reconocimiento a los derechos civiles y políticos, así como las conquistas logradas por las luchas feministas, ecologistas, obreras, campesinas y de la diversidad sexual. El recuerdo de los Acuerdos de Paz no debe ser, como decíamos, una ocasión para la autogratificación, sino una interpelación que nos recuerda que como sociedad debemos montarnos sobre lo logrado para poder profundizar la democracia en todos los terrenos.

* Luis Alvarenga, director de la Maestría y el Doctorado en Filosofía Latinoamericana.