Rastrear el financiamiento de partidos y candidaturas (parte I)

El proceso de elecciones internas en los partidos para cargos de elección popular ha finalizado, ya están definidas las personas que aspirarán a un escaño en la Asamblea o quienes buscan ser alcaldes, alcaldesas o concejales a nivel municipal. En el caso de candidaturas no partidarias también se han mostrado personas dispuestas a competir. Básicamente el proceso electoral va tomando ritmo a seis meses del 4M y un asunto vital es la transparencia de las fuentes y montos que patrocinarán las campañas de candidatos y candidatas.

No resultará trillado insistir en el tema cuando los partidos políticos dilatan, evaden o callan al momento de cuestionarles el origen del dinero que utilizan para sus actividades proselitistas, transmitir propaganda en los medios de comunicación o pagar los servicios profesionales de asesoramiento en campaña electoral. El afán de ganar las elecciones hace que los partidos y sus candidatos inviertan mucho dinero en una campaña de alto impacto para hacer conocidos a los desconocidos o famosos a los impresentables en televisión, radio y redes sociales. En ese caso resulta poco o nada convincente el argumento que los partidos financian principalmente sus actividades electorales en recaudaciones masivas en eventos populares o que tienen muchos contribuyentes a la causa. Ante las inquietudes y demandas ya formuladas al Órgano Judicial, en esta coyuntura la Sala de lo Constitucional se encuentra discutiendo una resolución de seguimiento tanto a los efectos de la sentencia 43-2013 (emitida 22/08/2014) y las resoluciones posteriores vinculadas a la obligación de los partidos de publicar el origen y destino de los fondos que reciben para sus actividades de campaña, así como los listados de sus donantes. Una posible sanción de la Sala sería inhabilitar a los partidos a inscribir candidaturas en octubre, cuando el TSE convoque a las elecciones de marzo 2018. Vale la pena recordar que en septiembre de 2016 en un auto de ejecución a la sentencia ya citada, la Sala suspendió provisionalmente el financiamiento público a los partidos bajo la obligación de entregar la información completa al TSE en diciembre 2016, situación que todavía no está concluida porque en seguimiento a esta trama, en julio de este año el TSE multó a varios partidos por no entregar toda la información requerida de los años 2014 y 2015, el monto total ascendió a poco más de $96 mil. Cifra insignificante si consideramos los flujos millonarios que ARENA y FMLN manejan en períodos electorales.

Rastrear y conocer el financiamiento tiene por lo menos dos implicaciones significativas para nuestra sociedad. Una constituye la configuración de una parte del rompecabezas de la representación de intereses en la Asamblea Legislativa y Órgano Ejecutivo, aquellos que han contribuido más a la campaña esperarán una “respuesta favorable” al momento de promover una iniciativa o emitir una decisión que sea en favor de sus demandas. La segunda implicación es develar la existencia de actos corruptos y flujo de dinero ilícito en las finanzas de los partidos políticos; para muestra: la divulgación de irregularidades en el financiamiento de la campaña 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional en Guatemala y la solicitud de antejuicio del Ministerio Público, tiene a Jimmy Morales, contra las cuerdas.