Reconocimiento y verdad

El 34.° aniversario del martirio de los jesuitas de la UCA nos lleva siempre a reflexionar sobre la verdad y las deudas con la misma. Desde la firma de la paz, los sucesivos Gobiernos han oscilado entre el aseguramiento de la impunidad y la utilización política del caso. Evidentemente, algo se ha avanzado. Y las declaraciones recientes de los soldados que dispararon contra los jesuitas y contra Elba y Celina muestran la crudeza de la realidad de aquellos tiempos. Absueltos en el primer juicio y con la garantía constitucional de no poder ser juzgados dos veces por el mismo delito, no tienen reparo en asegurar que las órdenes de matar había que cumplirlas; de lo contrario, el mismo Ejército se encargaría de matar a los desobedientes. E incluso pensaron, eso decían en sus declaraciones judiciales, que los tiros que recibieron cuando volvían a integrarse en su batallón habían sido disparados por militares para eliminar posibles testigos de la “luz verde” dada por el Estado Mayor para el crimen. La deshumanización del momento hacía que cualquier situación fuera posible.

Las numerosas masacres llevadas a cabo por la Fuerza Armada muestran un panorama semejante. La impunidad domina y la institución judicial apenas ha comenzado algunos casos. La Asamblea Legislativa, la actual y las anteriores, ha sido incapaz de redactar una ley de justicia transicional que garantice en el país verdad, justicia, reparación a las víctimas, garantías de no repetición y caminos de reconciliación. Con el paso del tiempo, la tendencia ha sido a enjuiciar a algunos militares ancianos, pero en el reconocimiento de verdades clave no se ve avance. En realidad, la enorme cantidad de violaciones graves a derechos básicos nos acaba diciendo que los crímenes cometidos son responsabilidad de una política aceptada y establecida por la propia Fuerza Armada. En otras palabras, los crímenes del pasado en guerra no son en su mayoría fruto de la maldad individual de algunos miembros del Ejército, sino verdaderos crímenes institucionales. Y esto, aunque se pueda decir públicamente como una opinión, no ha sido reconocido por el Estado ni por la institución castrense.

Aunque hoy la Fuerza Armada se encuentre alejada de los terribles abusos del pasado, la falta de reconocimiento de los males institucionales del tiempo de guerra no le hace bien. Reconocer problemas institucionales, pedir perdón por los mismos, honra a quienes lo hacen y da la seguridad de que el pasado no se repetirá. No basta con decir que no hay que pedir perdón por acciones cometidas por otros. Por pertenecer a la institución castrense, se debe reconocer los problemas, los errores y, en muchos casos, los crímenes cometidos o consentidos desde la dirección institucional, aunque estos hayan sucedido en un pasado lejano. Es cierto que no solo la Fuerza Armada ha cometido o encubierto crímenes o delitos; otras instituciones, estatales o no estatales, lo han hecho. Pero sean quienes sean, solo resultan fiables y confiables quienes son capaces de reconocer sus errores. Lo que admiramos en las personas que saben reconocer y corregir sus equivocaciones vale también para las instituciones.

En ese sentido, es importante que la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, además de reclamar justicia en casos particulares, traten de incidir en que las instituciones reconozcan errores y pidan perdón. Solo de esa manera se establecerá cultura y se construirá seguridad en el futuro. Que se consiga juzgar o condenar a diez, quince o veinte personas por los crímenes del pasado es bueno para el país. Pero si no hay capacidad institucional de reconocer crímenes o errores del pasado, y además en casos tan graves, las garantías de no repetición, en las que insiste la justicia transicional, pueden quedar en nada.