Reforma electoral y cambios en el sistema de partidos

El sistema electoral ha sido sacudido en menos de un año por sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La primera tiene que ver con las formas de las candidaturas y con el procedimiento de votación. Y la más reciente se refiere a la inconstitucionalidad del decreto 586, que dejó sin efecto la cancelación del PCN y PDC como partidos políticos al no alcanzar estos el mínimo de 3% de los votos válidos en las elecciones de 2004. Obviamente, estas sentencias tienen impacto en la configuración del sistema de partidos del país; y como toda acción genera una reacción, es comprensible que los partidos políticos —sin excepción— se resistan a perder sus privilegios y las cuotas de poder que han acumulado.

Reforma electoral, en manos del FMLN

Los Acuerdos de Paz permitieron que el país transitara hacia una democracia electoral, en la que la oposición política, liderada por el FMLN, por primera vez y después de muchas décadas de lucha social, política y militar, tuvo opción real de llegar al Gobierno a través de la competencia en las urnas. Esta incipiente democracia electoral se concretó con la alternancia en el poder, ocurrida en marzo de 2009, cuando el candidato del FMLN ganó las elecciones presidenciales.

En sus 20 años de gobierno, Arena no mostró interés en profundizar la democracia —ni siquiera en lo más básico, que compete al sistema electoral—; más bien profundizó el discurso anticomunista, martilló en la idea de que solo los empresarios tienen capacidad de gobernar y usó el miedo como estrategia electoral y política. Todo esto para mantenerse en el poder y proteger un "sistema de libertades" lleno de irregularidades: los casos de corrupción en los hospitales y en la carretera Diego de Holguín componen una pequeña muestra de ello.

Con la llegada del FMLN al Gobierno, y además como primera fuerza política en la Asamblea Legislativa, se esperaba que se emprendiera el proceso de reforma electoral, principalmente en lo referido a las relaciones entre el elector y los candidatos a diputados, y la relación de estos últimos con sus partidos. Sin embargo, esto no ha sido parte esencial de la agenda política del FMLN, a pesar de que ha sido una demanda recurrente de amplios sectores de la población, los mismo que le permitieron —con sus votos—llegar al poder.

El estudio Cultura de la democracia en El Salvador, 2010 indica que el 39.1% de los salvadoreños tiene confianza en los partidos políticos y que solo el 32.3% se siente representado por ellos. Estos datos deberían de preocuparle al FMLN, ya que ahora son parte interesada en darle estabilidad al sistema político.

La sentencia 61-2009 (del 29 de julio de 2011) de la Sala de lo Constitucional puso en manos del FMLN y del resto de partidos la gran oportunidad de avanzar en dos temas: las formas de las candidaturas y el procedimiento de votación. Sin embargo, el FMLN y GANA produjeron un decreto legislativo en el que modificaban el procedimiento de votación, pero manteniendo en última instancia el control partidario sobre la elección de los diputados. Con toda razón, el presidente Funes vetó el decreto, lo que lanzó al FMLN a formular argumentos sin sentido, como que el Presidente y sus asesores no entendieron el decreto. Al parecer, el FMLN no comprende que la gente quiere transparencia y que su voto sea directo al candidato de su preferencia, no para la lista poco conocida de los partidos políticos.

El FMLN tiene tiempo para reflexionar y proponer un nuevo decreto que haga avanzar el sistema electoral y fortalezca al sistema de partidos. En el caso particular de las boletas y el procedimiento de votación, su propuesta debería apuntar hacia un tipo de lista cerrada y no bloqueada, en la que el elector vote por el candidato de su preferencia y, además, tenga la libertad de alterar el orden de la lista propuesta por el partido. En este tipo de lista, hay tres opciones: el voto preferencial, el voto múltiple limitado y el voto múltiple.

En el caso del voto preferencial, el elector vota por el diputado de su preferencia, lo que se entiende también como voto único por el partido. En este caso, el orden de la lista de candidatos se altera por la preferencia del elector y esto influye en la distribución de escaños. En el segundo procedimiento, el del voto múltiple limitado, el elector puede votar por un número estipulado de diputados de la lista (se sugiere tres, ya que corresponde al tamaño mínimo de las circunscripciones del país). Y finalmente, en el caso del voto múltiple, el elector puede votar por todos los candidatos de la lista que quiera y que considera son los que deben representarlo en el partido político de su preferencia.

La preocupación del FMLN de que no se vote por bandera puede resolverse fácilmente diseñando la papeleta de votación de modo que aparezca la bandera del partido a la par de la foto y el nombre del candidato a diputado. Además, la lista cerrada y no bloqueada la decide siempre la élite del partido, lo que lo obliga a buscar sus mejores apuestas. En este sentido, en ningún momento la sentencia de la Sala de lo Constitucional atenta contra el sistema de partidos; simplemente abre la posibilidad de una mejor rendición de cuentas por parte de los partidos a sus electores. El FMLN, por ser la primera fuerza política del país, tiene entonces en sus manos la posibilidad de avanzar en la democracia y de devolverle un poco de poder al electorado.

PCN y PDC, cancelados

Una vez se publique la sentencia sobre la inconstitucionalidad del decreto 586 en el Diario Oficial, al Tribunal Supremo Electoral no le quedará más que proceder a la cancelación del PDC y el PCN. Al respecto, es importante aclarar que en todos los sistemas electorales del mundo existen barreras legales tanto para la inscripción como para la cancelación de los partidos (EL Salvador no es la excepción). En algunos países de más tradición democrática que el nuestro, incluso se imponen barreras al número de votos que debe obtener un partido político para que participe en el reparto de escaños del Congreso o Asamblea. En otros países, como Uruguay, los partidos pueden estar inscritos en el sistema electoral, pero si no participan en las elecciones internas partidarias —que se realizan simultáneamente en todos los partidos—, quedan fuera de las siguientes elecciones.

¿Cuál es el problema entonces con la cancelación del PDC y el PCN? Además, "si al PCN nadie lo detiene" —como decía el eslogan de una de sus campañas electorales—, no le costará cumplir con los requisitos para su reinscripción. El PCN y el PDC surgieron y se consolidaron como partidos políticos a través de fracturas de la sociedad o cleavages —de hace 50 años— que quizá ya no existen en la actualidad. El bajo nivel de apoyo electoral de estos partidos es un indicador de que han perdido poco a poco sus anclajes sociales y que, por más discursos políticos novedosos que pretendan formular, sus ciclos de vida han concluido. Esto no debería de causar tanto alboroto en nuestra sociedad, ya que así es la vida política partidaria: los partidos desaparecen cuando las élites partidarias se desvinculan de sus bases.

De ello dan fe los antecedentes históricos del país. En las elecciones de 1972 participaron los partidos FUDI, PPS, PCN (en aquel entonces, ya con 10 años en el poder) y la UNO (una coalición de los partidos PDC, MNR y UDN). 22 años después, para las elecciones de 1994, el sistema de partidos estaba fragmentado y compuesto por PDC, PCN, Arena, FMLN, MAC, MU, MSN, Líder y Punto. Para 2004, el sistema de partidos se había reducido a Arena, FMLN, PDC, PCN y CDU. Luego de los resultados electorales de ese año, el CDU fue cancelado, pero no así el PCN y el PDC, que se salvaron de la cancelación por el decreto recientemente declarado inconstitucional.

Como puede observarse, la transformación política partidaria del país se mueve a un bipartidismo polarizado, con el FMLN como partido hegemónico de izquierda y partidos de derecha (GANA, Arena, PDC y PCN) que tenderán a formar coaliciones en el futuro para poder llegar nuevamente al poder. Es decir, el país tenderá a una lucha partidaria (o competencia electoral) similar a la del año 1972, solo que ahora con coaliciones de partidos de derecha. Así las cosas, solo nos queda esperar que los partidos políticos asuman con madurez las sentencias de la CSJ y que se avance al menos en la democracia electoral.