Reforma integral, no parches

La Asamblea Legislativa aprobó ayer la modificación de la Ley de Pensiones; un cambio que entraña dificultades y que a pesar de contar con el apoyo de varios partidos, no es bien visto por una buena parte de la población. Hay que decirlo: si la idea era defender los intereses de los cotizantes frente al sistema de administración de pensiones, las reformas hechas no son las mejores. Sin embargo, abordan aspectos muy distintos entre sí y, por ello, merecen diferente valoración.

La reforma más acertada es la disminución de la comisión que reciben las AFP por la administración de los fondos de los cotizantes. A todas luces, el 2.7% de comisión era muy elevado y no estaba acorde con lo que suelen percibir las empresas que ofrecen este tipo de servicios. Y ello queda claramente evidenciado en los estados financieros de las administradoras de pensiones, los cuales reportan altísimas utilidades, que en algunos casos han sobrepasado el 100% del capital invertido. Pero a pesar de la modificación, la comisión que recibirán las AFP sigue siendo alta.

Las otras tres reformas son bastante ambiguas y, en general, no representan beneficios para el cotizante. Que se invierta más en el Fondo Social para la Vivienda es positivo, pues incrementará las posibilidades de tener casa propia para los trabajadores de menor poder adquisitivo; pero esto no debería hacerse a costa de la pensión, sino de la creación de una tasa específica para ello. Por otra parte, permitir que el trabajador y su empleador coticen hasta 10 años más en el caso de que el primero alcance la edad de jubilación sin haber cumplido el tiempo de regla (25 años), es una solución aparentemente buena, pero ambivalente. Es cierto que permitirá que el trabajador se retire con una pensión un poco mayor, pero será a costa de más años de trabajo después de alcanzar una edad de jubilación que no es baja.

Estas reformas deben entenderse desde el problema que se creó cuando en 1998 se cerró el sistema público de pensiones y se puso en marcha el sistema privado. Este cambio fue parte de las reformas estructurales impuestas por el modelo neoliberal y se adoptó sin pensar seriamente en sus consecuencias a futuro. Ya entonces estaba claro que adoptar el sistema privado, y más aún por el modo en que se hizo, provocaría a la postre el colapso del sistema público y obligaría a echar mano del presupuesto nacional para hacer frente al pago de las pensiones. Se generó, pues, un mayor gasto público, que ha venido incrementándose con el paso de los años, a medida que ha aumentado el número de jubilados del sistema público.

El problema está en cómo resolver el pago de este compromiso del Estado con los jubilados y quién asume las consecuencias de lo que fue una pésima decisión. Desde un principio se decidió por ley que los costos los asumirían los trabajadores a través de sus ahorros en las AFP. Así, el 30% de los ahorros de los cotizantes pasó a estar disponible para que el Estado pudiera hacerle frente al pago de las pensiones del sistema público. Pero dado que ese porcentaje se ha quedado corto, la reforma lo elevó al 45%. El problema, no obstante, no es tanto el porcentaje del que puede disponer el Gobierno, sino el interés que paga por ello. Con una tasa del 1.5%, cuando se tuvo un incremento del costo de la vida del 5.1% en 2011, es evidente que quien paga los platos rotos es el trabajador, que ve disminuido el valor de su ahorro año con año. En 2011, por ejemplo, los ahorros previsionales perdieron más del 3% de su valor adquisitivo.

Más allá de las reformas aprobadas, y de si se está de acuerdo o no con ellas, hay que tener claro que el sistema actual de pensiones no es sostenible, pues pone en grave riesgo el derecho a una pensión digna. Por tanto, es necesario realizar reformas a fondo, estructurales, aunque algunas de ellas no sean populares. Para la sostenibilidad del sistema de pensiones deben incrementarse las cotizaciones, tanto por parte del trabajador como del patrono; debe aumentarse la edad de jubilación y debe garantizarse que el sistema de ahorro tenga una rentabilidad superior a la inflación anual. De lo contrario, los jubilados pasarán a engrosar la masa de pobres de nuestro país. Quizás lo más importante de este debate es que los diputados se pusieron de acuerdo para crear una comisión que estudie una reforma integral a la Ley de Pensiones; reforma que debe ser abordada con urgencia, pero con cabeza fría y pensando en el futuro del país y de los adultos mayores.