Ha iniciado la fase de transición entre el segundo Gobierno del FMLN y el primero de GANA/Nuevas Ideas. Ya se discute el perfil de los nuevos funcionarios, especialmente de aquellos que acompañaran al presidente electo en el Consejo de Ministros. La consigna es establecer una designación que tenga por base la meritocracia y la inclusión de sectores para que el nuevo Gobierno opere con un equilibrio entre solvencia técnica y consenso.
Cumplir esta tarea en un contexto en que se encuentran tantas divisiones entre sectores políticos y composiciones ideológicas es bastante complicado, pero más difícil aún resultará encontrar la persona idónea para dirigir una de las áreas más críticas del Estado, las finanzas; es decir, el Ministerio de Hacienda.
Y esto porque el nuevo Gobierno encontrará que la situación de las finanzas públicas legada por el FMLN no es holgada, sino más bien todo lo contrario. El país se encuentra en una dura encrucijada, con una abultada carga de deuda pública, bajos ingresos y una perspectiva de estrechez crediticita pautada por el comportamiento del sistema bancario internacional. No será tarea fácil gestionar este trilema cuando la ciudadanía tiene altas expectativas sobre los cambios que Nayib Bukele prometió realizar en áreas como seguridad, educación, medioambiente y salud.
De ahí que sea importante poner atención al llamado de los estudiosos de los problemas financieros del país, que sostienen la necesidad de que el nuevo Gobierno cumpla a raja tabla con la Ley de Responsabilidad Fiscal para lograr mantener la estabilidad de las instituciones financieras nacionales. Esto implica que el nuevo Ministro de Hacienda deberá ser capaz de poner de lado las muchas presiones que seguramente recibirá para dotar a las diferentes carteras con elevados presupuestos y ajustar la confección del Presupuesto General de la Nación a las posibilidades económicas reales del país, las cuales se han venido haciendo más estrechas.
Para el caso, la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) enfatizó recientemente que resulta imprescindible alcanzar un adecuado manejo de la abultada deuda pública, lo que implica reducir el gasto corriente y elevar la calificación crediticia sobre la deuda soberana. Esto a modo de contribuir en la mejora de condiciones para elevar la inversión extranjera y generar nuevos empleos en el país. Algo que solo se podrá conseguir reduciendo el tamaño que el sector público ha alcanzado hasta la fecha, lo cual exigirá a su vez una mayor eficiencia en el desempeño de los funcionarios para no perder el alcance operativo del Estado.
Por otro lado, es importante considerar que el próximo Ministro de Hacienda deberá asumir la tarea de evitar el colapso del sistema de pensiones, que supone una de las mayores cargas de la deuda pública nacional, y al mismo tiempo continuar con la inevitable tarea de la focalizar los subsidios. Ambos puntos están referidos a políticas muy desacreditadas por los sectores laborales, descontentos precisamente por las reformas que han formulado en dichas áreas los Gobiernos anteriores. Reformas que, sin embargo, fue inevitable realizar ante el agotamiento de los recursos públicos. Finalmente, pasos más fuertes deben darse para combatir la evasión y elusión fiscal, a modo de inyectar los fondos necesitados por las arcas nacionales.
Por lo anterior, sería un acto importante del presidente electo llamar a la prudencia a quienes lo eligieron para que comprendan anticipadamente cuál es la situación financiera real del país y el enorme peso de las deudas acumuladas, para desde esa base hacer proyecciones de lo que sí se puede esperar hacer y de lo que deberá evitarse durante la nueva gestión.
* Gabriel Escolán Romero, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.