Saber para gobernar

Gobernar un país como el nuestro requiere conocer la realidad científicamente. Opiniones hay demasiadas, pero la opinión no es ciencia. El dato es imprescindible. Y sobre el dato se necesita crítica y planificación. Algunos ejemplos nos ayudarán a pensar en la importancia del dato y en la necesidad de tomarlo en cuenta. El primero de ellos es el bono demográfico. Se llama así a la situación poblacional en la que hay más personas en edad laboral que la suma de niños y jubilados. Es una situación beneficiosa para los países, puesto que al haber más gente productiva se puede invertir más en la preparación de las nuevas generaciones. Eso siempre y cuando se sepa provechar la situación. Pero entre nosotros, ni se habla de ella, al menos entre políticos, ni mucho menos se ha intentado aprovecharla. Y para colmo, algunas agencias, entre ellas las Naciones Unidas, están diciendo que el bono demográfico en El Salvador desaparecerá en torno al año 2030. Después tendremos más gente en el área no laboral.

En el pasado, antes de tener bono demográfico, teníamos muchos más niños que ancianos. Cuando perdamos el bono demográfico, la tendencia será a tener más ancianos que menores de 18 años. Los costos de mantenimiento de la población subirán, mientras las personas en situación productiva irán descendiendo. Aprovechar estos diez años que nos quedan con el bono, especialmente para conseguir calidad profesional y laboral de nuestros jóvenes, es indispensable si no deseamos que la crisis actual sea más fuerte en el futuro. Universalizar estatalmente tanto la atención y desarrollo de la primera infancia como el bachillerato son dos tareas esenciales. El Plan El Salvador Seguro contiene un cálculo de los costos de esa doble responsabilidad del Estado. Pero los políticos no han respondido con la urgencia y la generosidad que el tema exige. Todo lo contrario, en algunos presupuestos del Estado han reducido la inversión en educación.

En ese sentido, da la impresión de que la política avanza en sentido contrario. Nuestros jóvenes no son bien tratados por nuestra sociedad. Son los que más mueren víctimas de la violencia imperante, los que tienen más dificultad para encontrar un trabajo digno, los que más emigran y los que más llenan las cárceles. El trato penal a los jóvenes se ha endurecido. Y aunque hay algunas experiencias interesantes de rehabilitación, el exceso de penalización, la duración de las detenciones provisionales, la baja preparación de los jueces en temas de justicia juvenil, el “manodurismo” ignorante y trasnochado de muchos diputados están maltratando severamente a muchos de los que en el futuro no lejano tendrán la tarea de mantener a un número creciente de ancianos en nuestro país, con menos brazos dispuestos al trabajo. ¿Tendrán los jóvenes maltratados de hoy el deseo de mantener a quienes los vejaron?

Algo semejante pasa con el agua. Se diga lo que se diga, el deseo de quienes quieren que la empresa privada tenga un peso dominante en la administración del agua en El Salvador es claro. Tienen miedo de que se les exija responsabilidad a quienes utilizan el agua como un bien comercial. En un país como el nuestro, donde hay demasiada agua contaminada y donde mucha gente se ve obligada a comprar agua envasada para consumo dada la escasez, la obligación fundamental del Estado no es proteger a quienes comercian con el agua. Lo primero es, simple y paladinamente, garantizar el acceso al agua potable a toda la población, así como al agua para saneamiento en el hogar. Y hacerlo sin fines de lucro. La Constitución, esa ley fundamental que con tanta frecuencia ignoran o desprecian algunos poderes del Estado, tiene como principio básico a la persona humana. Ella es “el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común”.

* José María Tojeira, director del Idhuca.