Seguridad humana y violencia

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Este lunes, el PNUD presentó el Informe Regional de Desarrollo Humano, 2013-2014, centrado en América Latina y en el tema de la seguridad humana. Frente a la pobreza de debate sobre el tema de la violencia y de las maras en el país, contrasta la calidad de este estudio que, aunque está dedicado a Latinoamérica, trae bastante dato sobre El Salvador. Y sobre todo contiene elementos de política en torno a la seguridad humana, así como ejemplos de buenas prácticas y experiencias, que constituyen una excelente base para diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana, paz social y reconstrucción de relaciones sociales positivas en nuestras poblaciones y comunidades.

Dada la amplitud del informe, me concentraré en unos puntos importantes por su incidencia en el debate. El primero de ellos es el tema de la juventud. Los jóvenes son en El Salvador los más afectados por la violencia y por los factores que la propician. Son los que más mueren y los que más matan. Son los que ven más amenazada su educación por la violencia y por la desigualdad en calidad. Son los que sufren la separación de familias, los que más migran, los que ven más reducida su libertad al atravesar barrios diferentes al propio. Sufren más sospechas que cualquier otro grupo etario y con frecuencia peor trato de parte de la Policía, incluidas detenciones arbitrarias por supuestos delitos leves. Les cuesta más encontrar trabajo y generalmente son los peor pagados. Son los que más pueblan las cárceles, los que sufren mayores abusos o maltrato en la propia casa, desde gritos, insultos y agresiones contra su autoestima hasta castigos violentos y abuso sexual.

El informe ayuda a entender que de ninguna manera contribuye a la seguridad ciudadana el maltrato a los jóvenes. Y que, al contrario, es indispensable el desarrollo de políticas públicas que incidan en el desarrollo pleno de sus capacidades y los integren armónicamente en la sociedad. Si no, nos veremos insertos en un proceso de transmisión intergeneracional de la violencia que dañará seriamente nuestro desarrollo humano. La educación desde tempranos años y la plena escolarización hasta el fin del bachillerato es indispensable para evitarlo. La concentración actual en la primaria, de los 7 a los 15 años, deja por fuera a un gran número de niños y jóvenes, tanto en la educación preescolar, que debería comenzar lo más tarde a los tres años, como en el bachillerato, del que solo se gradúa el 40%. Programas de aprendizaje laboral, impulso al deporte, estímulos a las empresas para facilitar un primer trabajo o para contrato a medio tiempo de universitarios son caminos importantes, así como el apoyo a jóvenes emprendedores. Voluntariados y estímulos para el trabajo social en beneficio de las comunidades son otros factores que complementan una buena política de apoyo a los jóvenes.

Otro tema importante, especialmente en esta coyuntura electoral, es el de la militarización de la seguridad. Con distintos matices, tres candidatos de derecha insistieron en el tema. El informe del PNUD es enfático al resaltar los fracasos de los diferentes planes de mano dura en América Latina, que con demasiada frecuencia han involucrado a militares. Es increíble la capacidad de nuestros políticos de caer en los mismos errores. Para nadie es un secreto que el militarismo, además de constituir una amenaza a la democracia, ha dejado en América Latina un reguero de abusos y sangre en décadas pasadas. Otorgarles nuevamente relevancia social en temas tan delicados como la seguridad ciudadana, tan vinculada a la seguridad humana y por tanto a la democracia, es ya de por sí un error garrafal.

Pero, además, la participación militar en temas de seguridad ciudadana tergiversa la política normal de cualquier cuerpo policial. Mientras la Policía está entrenada y preparada para contener el delito con el mínimo de fuerza, los militares lo están para destruir al enemigo con la contundencia de la mayor fuerza posible. Mientras la Policía se inserta en políticas de seguridad que buscan la rehabilitación del delincuente y, por tanto, parten de entenderlo como persona con derecho a ser reintegrada en la sociedad tras diversos procesos de rehabilitación, los Ejércitos miran simplemente enemigos. La tendencia a privilegiar la fuerza sobre la investigación y a escalar los niveles de violencia se convierte en un riesgo inminente. La posibilidad de multiplicar víctimas inocentes en esa especie de guerra contra el crimen es evidente.

En ese sentido, llama mucho la atención la poca o nula capacidad de los candidatos de plantear políticas públicas realistas y positivas frente al delito, la violencia y el crimen. Como también que el tema de la corrupción, a pesar de las tantas evidencias que surgen día a día, no preocupe en el debate electoral y no se vincule con la seguridad ciudadana. La corrupción de los de arriba siempre se ha visto y experimentado en todas las culturas como un factor productor de inestabilidad social. En toda sociedad, el ejemplo de los gobernantes tiende a crear cultura. Gobernantes o exgobernantes corruptos, funcionarios de la misma laya que pasean con toda impunidad su enriquecimiento, que siguen jugando un papel en la política o que incluso presumen tranquilamente de los millones que han mal usado, cometiendo delitos, crean una desconfianza grave en las instituciones democráticas e incitan a la violación de normas básicas de convivencia. Dar este ejemplo a la juventud es también golpear el futuro de todos, rebajar la calidad de la democracia y aumentar la violencia. Porque la corrupción es también violencia. Y de esas violencias estructurales que acaban impulsando y promoviendo las más oscuras violencias directas y destructivas. Leer con calma el Informe Regional sobre Seguridad Humana del PNUD, discutirlo, aprovecharlo, es una tarea de inteligencia política. Ojalá nuestros políticos la asuman.

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