Sin protección constitucional

No cabe más que condenar enérgicamente la omisión constitucional de la Asamblea Legislativa al no haber elegido aún, luego de ochenta y seis días de vencido el plazo, a los magistrados propietarios y a los suplentes para la Corte Suprema de Justicia. Los diputados deben deponer toda inclinación ajena al interés público y escoger de forma inmediata y certera a los nuevos magistrados, garantizando así el Estado constitucional de derecho, que hasta esta fecha no existe.

Los magistrados de la Corte deben ser personas con conocimientos sólidos en el área de la sala en que pretende ubicárseles; deben estar comprometidos con mantener la independencia judicial, y no estar sometidos a presiones de partidos políticos o de asociaciones gremiales de cualquier naturaleza. Además, deben tener una incuestionable calidad ética e intelectual, y ser capaces de mantener el principio de la supremacía constitucional, contemplado en el artículo 235 de nuestra Carta Magna, por el cual todo funcionario protesta, bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, con el exacto cumplimiento de sus deberes, “por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”.

Previamente existía un consenso entre todos los sectores de la sociedad civil y la academia respecto a que las personas que fueren electas como magistrados debían ser aquellas que hubiesen sido mejor ponderadas por sus conocimientos, trayectoria académica, publicaciones y accionar profesional ejemplar (exento de pasiones políticas u otro tipo de presiones). Sin embargo, un sector de los diputados ha optado por apartarse de dicho consenso para mantener candidaturas que no cumplen con los requisitos antes mencionados. Nuestra Constitución señala que el interés público prevalece sobre el interés privado, por ello es gravísimo no elegir a los mejores en función de mantener candidaturas cuestionables.

En la lista de los treinta candidatos elegibles hay personas con los méritos para llegar a la magistratura y que no han sido consideradas por el sector minoritario encargado de la elección. Si estas personas fueran tomadas en cuenta, el resto de diputados los acompañaría gracias a sus méritos y profesionalismo. Lo cierto es que la elección se ha entrampado debido a intereses particulares. Si se hubiese actuado en función de los intereses patrios, la elección nunca se hubiese retrasado por ochenta y seis días.

La conformación de la Sala de lo Constitucional resulta de vital importancia para el funcionamiento pleno de los órganos fundamentales del Estado, ya que, según lo establecido en nuestra Constitución, le corresponde conocer y resolver en los procesos de inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus, así como las controversias como consecuencia de vetos presidenciales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 estableció que “toda sociedad en que no estén garantizados los derechos de los ciudadanos, carece de Constitución”. Por lo tanto, al no estar constituida la Sala, El Salvador está sin protección constitucional.

Identificada la importancia de la elección de magistrados y reconocida la omisión en la que ha incurrido la Asamblea Legislativa, en aras de garantizar derechos como el de protección jurisdiccional y el Estado constitucional de derecho, es completamente válido acudir a organismos internacionales defensores de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En definitiva, apoyamos la presión realizada por la sociedad civil y la academia, y hacemos un llamado a que más instituciones se unan para hacer eco de la falta de magistrados electos para la Corte Suprema de Justicia.