Sobre el Caso Corruptela

No hay duda de que el Caso Corruptela es importante e interesa a todo el país. La corrupción ha sido una plaga demasiado extendida en nuestra tierra. Y el caso mencionado, junto con otros anteriores, mostraba la voluntad de iniciar un proceso contra la corrupción, desde hace muchos años deseado por la población. Pero en la actualidad las divisiones internas en la Fiscalía han levantado una serie de sombras en torno al manejo de la justicia frente a las redes de crimen organizado dedicadas a manejar favores y fondos del Estado. Incluso hay ahora dudas sobre la idoneidad del actual Fiscal para luchar contra la corrupción. Ya su nombramiento fue discutido; de hecho, se abrieron por esa causa varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.

El nombramiento del Fiscal General Adjunto sembró nuevas dudas. Frente al temor que daba la cercanía de este con el exfiscal Luis Martínez, hoy acusado de diversos delitos y de ser parte de una red de corrupción, el Fiscal General solo supo decir que su adjunto estaba limpio y que únicamente cumplía órdenes. En el caso de los diez millones de Taiwán, llamó la atención que el Fiscal no encausara a Arena, que recibió y administró fraudulentamente el dinero, y que no da visos de querer restituirlo a los fondos de la nación, como es su obligación. Y finalmente, en la actualidad, no solo investiga a los fiscales que llevaron el peso del Caso Corruptela, sino que les cambia de actividad y lugar, dificultando así el desarrollo de ese proceso tan importante. El Fiscal General quiere hacernos creer, según un comunicado oficial, que las investigaciones que ha abierto sobre los fiscales “no afectan ni debilitan el manejo que la institución hace del Caso Corruptela”.

En diversas ocasiones hemos insistido en la necesidad de dotar con mejores recursos, financieros y humanos, a la Fiscalía General de la República. La hemos alabado en algunos casos y también la hemos criticado por algunos procedimientos que chocan directamente con los compromisos que tiene El Salvador de respetar convenios de derechos humanos. Pero en la actualidad resulta profundamente sospechoso y oscuro el hecho de que se investigue a fiscales con base en las declaraciones de los mismos testigos criteriados que bajo una administración fiscal dijeron una cosa y ahora dicen otra. Siempre le hemos criticado a la Fiscalía la excesiva dependencia de testigos criteriados, pero depender del cambio de opinión de los mismos, que un día dicen “blanco” y otro “negro”, es absurdo y daña la justicia. Y más con una Fiscalía que con frecuencia ha funcionado con cero transparencia en el caso de los criteriados. Utilizar testigos criteriados, verdaderos criminales que en ocasiones tienen a sus espaldas varios homicidios, en acusaciones de delitos menos graves es sin duda una grave irregularidad jurídica. Especialmente cuando se les perdona a los famosos criteriados la totalidad de la pena. Aunque no sea esta la situación en el Caso Corruptela, es importante tocar en serio el tema de ese tipo de testigos, siempre dispuestos a mentir por propia conveniencia y según soplen los vientos.

La Fiscalía es clave en el desarrollo del país. Entre las causas de la violencia generalizada en el país —por supuesto, no la única— está el mal funcionamiento de la Fiscalía, muchas veces por escasez de recursos. Pero aun sin recursos, es indispensable que la gente tenga confianza en esa institución. El desarrollo del Caso Corruptela puede dañar, y está dañando ya, la confianza en la Fiscalía. El Fiscal General, aparte de fortalecer sectores de la institución que necesitan mejores recursos (recuérdense las recomendaciones del relator de la ONU Fabián Salvioli), debe revisar a fondo la situación del Caso Corruptela.

* José María Tojeira, director del Idhuca.