Sobre el diálogo nacional

El Gobierno del presidente Funes ha anunciado un diálogo nacional tendente a buscar acuerdos generales que nos lleven a aplicarnos conjuntamente al desarrollo del país y a luchas indispensables de construcción de un futuro más justo. Un futuro que tiene que pasar por la victoria sobre la pobreza y por la construcción de un Estado social y democrático de derecho moderno, con redes adecuadas de protección social, institucionalidad sólida y servicios de calidad para el ciudadano.

Dado que el diálogo debe tener objetivos y grupos representativos, necesitamos reflexionar sobre qué temas se tratarán y qué personas o grupos participarán en el diálogo. Si el problema básico de El Salvador es la exclusión del desarrollo de las capacidades de tantas personas, así como las fuertes diferencias socioeconómicas que sustentan dicha exclusión, el tema fundamental del diálogo debe ser la inclusión en todos los aspectos: sociales, económicos, culturales, legales etc. Tienen, por tanto, que estar en el diálogo aquellos que fomentan e impulsan la inclusión. Y dado que al Estado —y al Gobierno que lo representa— le toca por definición tener y mantener una racionalidad incluyente, tienen que estar en la mesa del diálogo, dirigiéndola, sus representantes. Pero también los partidos políticos en general, pues desde la parcialidad se supone que buscan ese tipo de racionalidad incluyente en El Salvador. Tal vez algunos partidos han sido muy deficientes en la aplicación de esa racionalidad, pero evidentemente tienen que estar presentes.

También tienen que estar presentes aquellos sectores de la sociedad civil que se han significado por mantener una racionalidad incluyente en su discurso, trabajo o teorización de la realidad socioeconómica. Llámense sindicatos, iglesias, universidades, algunas ONG, etc. No todos, sino los que se sabe que han mantenido ese tipo de racionalidad tanto en sus luchas, posiciones públicas o producción teórica de calidad.

En un segundo grupo tienen que estar la empresa y quienes manejan el mercado en El Salvador. La empresa es el factor fundamental de producción de riqueza, desde hace dos siglos y medio aproximadamente. Ningún instrumento o medio creado por el ser humano ha sido capaz de crear tanta riqueza material y tan rápidamente como la empresa. De la racionalidad empresarial todos hemos aprendido algo, llamémonos sindicatos, iglesias, universidades, ONG, etc. Aunque ha sido la mayor creadora de riqueza en la historia de la humanidad, la empresa no ha sido el mejor instrumento de reparto de la misma. Ha necesitado para salir del egoísmo individual de la presión de los sindicatos, de la mediación del Estado, de la reflexión de los intelectuales, de la crítica de las iglesias, etc. Sin embargo, sin la empresa privada no puede haber desarrollo en El Salvador. No tomarla en cuenta con seriedad y responsabilidad, y con la adecuada representatividad, sería catastrófico. Debe ser el otro gran sector en el diálogo.

El tercer grupo es más difuso, pero es importante que esté. Le llamaríamos el sector de la gratuidad. Pertenecen a él todos los que de una manera u otra contribuyen desde su generosidad al apoyo y desarrollo de los sectores más empobrecidos o marginados de nuestros países, y con frecuencia a sus causas. Es el mundo de los voluntariados, de algunos sectores de la sociedad civil, fundaciones, etc. En algunos aspectos se pueden confundir con los sectores que llamábamos de racionalidad incluyente, porque trabajan también por la inclusión. Y pertenecen también a este sector algunos grupos que ya hemos mencionado, como iglesias, ONG, etc. Pero la característica de estos grupos o movimientos es la absoluta gratuidad con la que operan. Grupos como "Un techo para mi país", por poner un ejemplo, u otras organizaciones dedicadas a enfrentar problemas desde la generosidad y la gratuidad son indispensables en la construcción de la realidad social, puesto que liberan lo mejor del ser humano, el altruismo, y son factores importantes de cohesión social en cualquier país en el que están presentes.

Al Estado le corresponde impulsar la racionalidad incluyente, y al Gobierno impulsarla realistamente y en diálogo con los diferentes sectores. De algún modo, aunque no sea un árbitro imparcial, dadas sus funciones constitucionales que le obligan a promover la dignidad humana, al Gobierno le tocará hacer de árbitro entre las necesidades, las posibilidades y los deseos. La racionalidad incluyente debe proponer y exigir, sabiendo que la buena dirección es a veces más importante que la velocidad de los cambios. La empresa debe aportar ingenio, capacidad de generar riqueza y realismo, y los otros sectores tienen que escucharla con atención y sin prejuicios. El sector de la gratuidad debe hacer presentes en la discusión dramas, caminos y ejemplos, y mostrarnos cómo la generosidad rompe con frecuencia barreras, prejuicios y posicionamientos ideológicos paralizantes. Si se recorre este camino a tres vías, o algún otro semejante, el diálogo nacional podrá ser un éxito; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una nueva versión de las tantas comisiones que ha habido.