Sobre el voto residencial

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la implementación de su plan de voto residencial en nueve departamentos y 185 municipios del país para los comicios de marzo de 2012. En términos de cobertura territorial, el plan puede parecer ambicioso, dado que sería ejecutado en el 70.1% de los municipios del país; sin embargo, solo cubre el 47.3% del registro electoral. Esto se explica en buena medida porque contempla a los municipios de más difícil acceso, pero con menor concentración de población en edad de votar.

En términos concretos, lo que se busca con el plan es acercar las urnas al lugar de residencia de los electores. Para ello, el TSE está en el proceso de elaboración de la cartografía electoral, a partir de la cual se podrá identificar los centros educativos u otras infraestructuras locales que reúnan las condiciones para convertirse en un centro de votación en un barrio, colonia o cantón. Además de aspectos de orden logístico y de infraestructura, el criterio para establecer un centro de votación en un lugar determinado es que a su alrededor se concentren 700 eventuales electores. Asumiendo que la mayoría de la población ya actualizó su dirección de residencia al renovar el DUI —por lo que podrá votar en el lugar más cercano a su domicilio— y que el plan de orientación a la ciudadanía que impulsará el TSE será efectivo, es razonable esperar la reducción del índice de abstencionismo, uno de los más elevados de la región.

No cabe duda que la implementación efectiva del plan en los términos propuestos significará un avance respecto a nuestro anacrónico sistema de votación regido por un padrón alfabético, ya derogado en la mayoría de los países democráticos. Las bondades del sistema de voto domiciliar, adoptado en la mayor parte de Latinoamérica, están de sobra probadas. Con este sistema, las barreras a la participación electoral (por ejemplo, los problemas de traslado a los centros de votación, especialmente entre los residentes de áreas rurales, personas de bajos recursos y mujeres) se ven reducidas de forma importante. También se ven minimizadas las irregularidades asociadas con el trasiego de votantes de un lugar a otro y anomalías como la suplantación de identidad. Además, el voto residencial favorece la organización electoral y reduce la probabilidad de brotes de violencia y los problemas de hacinamiento. En general, el sistema de voto domiciliar es muestra del grado de modernización y democratización que ha alcanzado el sistema electoral de cualquier nación; es una garantía del derecho a la participación electoral y del respeto a la voluntad popular.

En este marco, la pregunta obligada es ¿por qué El Salvador no ha avanzado a un sistema de voto domiciliar a nivel nacional cuando este ha sido uno de los puntos de la reforma electoral con mayor consenso político y un compromiso de los gobiernos salvadoreños desde 1995? La razón principal de este estancamiento es la misma que explica el incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto a las listas abiertas y desbloqueadas: la férrea oposición de las élites políticas ante reformas electorales que son vistas como amenazas al control hegemónico que tradicionalmente han tenido del sistema electoral.

Dada esta oposición, lo más probable es que toque esperar a las elecciones presidenciales de 2014 para la ejecución del sistema de voto residencial a nivel nacional. Por de pronto, es fundamental apoyar el esfuerzo de acercamiento de urnas que impulsa el TSE a fin de evitar que eventuales dificultades en su implementación ofrezcan argumentos a las cúpulas partidarias para seguir en su inmovilismo interesado.