Sobre la Ley de Reconciliación

Aprobada en la Asamblea en febrero de este año y vetada por la Presidencia de la República, la Ley de Reconciliación cayó en una especie de letargo debido a la pandemia de covid-19 y la paralización generalizada que ella supuso para el país durante varios meses. A inicios de este mes, la Sala de lo Constitucional convocó, para el 30 de octubre, una audiencia de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1983. El paso es necesario para encontrar un camino decente y común en la realización de justicia frente a crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante nuestra guerra civil, para proporcionar verdad y reparación a las víctimas y para sentar precedentes y normas que impidan la repetición de tan terrible y cruel pasado. Todo ello desde el empeño de lograr una reconciliación en la que la verdad y la justicia construyan paz y amistad social.

El camino hacia la justicia ha sido largo en El Salvador. Asimismo, ha sido y sigue siendo difícil el camino hacia una convivencia democrática marcada por la amistad social. Lograr un acuerdo reparador con las víctimas y para las víctimas de una de las etapas más crueles y oscuras de nuestra historia es una oportunidad para avanzar no solo hacia la justicia, sino hacia la democracia, que en nuestro país ha estado sistemáticamente lastrada por la marginación del campesino, el menosprecio del débil suburbano y el abuso del pobre, cuando no por golpes de Estado. Si algo quiere garantizar nuestra Constitución es el respeto a la igual dignidad de la persona humana. Pero es evidente que ni el liderazgo político ni el poder económico lo han logrado. Hacer justicia a las víctimas de la guerra civil, mayoritariamente pobres y vulnerables, es un paso que puede marcar un nuevo horizonte en el respeto a la igual dignidad humana de todos los salvadoreños.

Tanto la Sala de lo Constitucional anterior, que declaró inconstitucional la ley de amnistía, como la actual han sido muy claras al insistir en que los procesos de justicia en los crímenes mencionados deben realizarse en el marco de la justicia transicional. Ban Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas, hablando sobre esta justicia decía que “los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho”. Todo ello convierte a esta justicia en un verdadero proceso de reconciliación y desarrollo humano.

En el actual ambiente polarizado y agresivo, cumplir adecuadamente los lineamientos de la sentencia de inconstitucionalidad de 2016 se convertirá, sin duda, en un paso importante hacia la construcción de acuerdos nacionales y hacia una mayor humanización del sistema de justicia. Todavía hay demasiadas personas que, agobiadas por la impunidad tanto de ayer como de hoy, aspiran a una justicia desde un espíritu de resarcimiento muy parecido a la venganza contra el criminal, olvidando tanto la obligación de poner en el centro a las víctimas y su reparación, como la obligación del Estado de trabajar en la rehabilitación del delincuente. La justicia transicional, muy atenta a ambos aspectos, facilita la reconciliación, promueve tanto la justicia legal como la social y reparadora, y construye cultura de paz. Revisar la ley aprobada en febrero, el veto del presidente y llegar a acuerdos aceptados por las víctimas, mejorando lo realizado hasta ahora, es clave para el desarrollo y el entendimiento nacional.

* José María Tojeira, director del Idhuca.