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La semana pasada, las gremiales del transporte público, luego de una negociación con el Gobierno, lograron 11 millones adicionales en concepto de subsidio para los próximos seis meses, incluyendo la posibilidad de más aumentos en junio próximo. Para 2011, el MOP dispone para este subsidio 51 millones de dólares, lo que supone que el Gobierno buscará en los próximos meses otras fuentes de financiamiento para mantener el status quo de este sector empresarial. Entregar dinero a este sector implica quitárselo a otros, lo que tensionará aún más al país —que ya tiene complicada su economía—y empezará a romper la cohesión social, ya que la reciente negociación con los transportistas es a todas luces impopular e irresponsable.
Cuando Mauricio Funes llegó a la presidencia, estas gremiales recibían $800 por bus y $400 por microbús; y en la primera negociación el subsidio se redujo a $500 y $250, respectivamente. Ahora estamos de cerca de llegar a las cantidades de partida, ya que recibirán $750 por bus y $375 por microbús. ¿Y qué reciben a cambio los usuarios del transporte público con esta negociación? Por de pronto, promesas por parte de los empresarios y la constitución de una agenda para seguir las negociaciones con el Gobierno en la que se tratarán el combate a la competencia ilegal, la tarjeta prepago, la renovación de la flota y la fijación de una nueva banda de precios. En otras palabras, continuará el mal servicio de transporte público para la población a cambio de aumentar las ganancias de los empresarios de este sector.
En otros países, en la base de los subsidios hay una estrategia de desarrollo económico para la industria que se desea impulsar; una estrategia que a mediano plazo vuelve innecesarios los subsidios o los modifica. Por ejemplo, en un país europeo se subsidia la instalación de generadores fotovoltaicos en las viviendas para que inyecten energía a la red de distribución de energía. Con esto, las familias disminuyen su consumo de energía por fuentes convencionales y, además, reducen su pago mensual por consumo de electricidad. Más aún, la necesidad de instalación de generadores fotovoltaicos desarrolla toda una cadena de industrias que se dedican, por ejemplo, a fabricar los componentes, instalar y dar mantenimiento a los sistemas, y exportar las innovaciones tecnológicas producidas en el proceso. Todo esto dinamiza la economía en diversos sectores, ya que se genera una cadena de negocios que permite obtener más recursos por la vía de la recaudación de impuestos.
En nuestro país, nada de lo anterior sucede. El subsidio al transporte debería de manejarse —siguiendo el ejemplo del país europeo— como un bono dedicado en exclusiva para la mejora del servicio que se brinda a los usuarios. Es decir, el dinero siempre se le otorgaría a los empresarios, pero únicamente para el reemplazo de sus unidades o para mantenerlas en óptimas condiciones. De esta forma, se dinamizaría a empresas dedicados al mantenimiento y reparación de buses; surgirían otras de repuestos; y, quizá, incluso se crearían compañías ensambladoras de buses y microbuses. Esta estrategia aseguraría que el subsidio se dedique a su fin último: garantizar un servicio de calidad a los usuarios. Por ahora, el dinero de los subsidios va a las cuentas personales de los empresarios, quienes lo gastan sin ninguna orientación de desarrollo económico para el país.
