Suspicacia y reflexión ante propuestas legislativas

Ha iniciado el tramo más intenso de las elecciones 2018. Formalmente la propaganda para candidatos a diputados y diputadas está habilitada desde el 03 de enero, aunque semanas previas a esa fecha diversos personajes ya publicaban mensajes en redes sociales o sus rostros eran visibles en vallas publicitarias, práctica vieja que pone en evidencia al TSE porque no va al mismo ritmo de los partidos para sancionar con mayor contundencia. Pero no es el punto al que me referiré en esta líneas; sino al contraste que debemos hacer entre propuestas y discursos versus situaciones concretas que asumirá la legislatura 2018-2021.

Esta temporada se presta a ofrecer con ligereza leyes en todos los campos de la acción estatal; pero ni las intervenciones de instancias estatales requieren únicamente de leyes para hacer sus tareas y la Asamblea tampoco se restringe a la nueva producción legislativa. Este órgano del Estado también asume otras atribuciones importantes que impactan en los procesos socio-políticos y económicos del país. En las plataformas de los partidos se podrán leer propuestas de diversos tipos; pero en campañas individuales surgen candidatos con ofertas engañosas, trilladas o de apología a la mano dura buscando con desesperación el respaldo electoral. En consecuencia -para ampliar nuestra reflexión sobre lo que escuchamos, leemos y platicamos de la campaña electoral- dejo a su consideración dos ideas que le permitan contrastar los discursos con las atribuciones del parlamento.

Como primer aspecto, enfatizo en los asuntos claves que asumirá la próxima legislatura particularmente por el tipo de decisión y sus implicaciones en el corto plazo que le significan a la sociedad salvadoreña en tres temas importantes: finanzas públicas, recursos naturales y configuración institucional. Ante el impago, la deuda pública y las demandas al gobierno para ampliar la recaudación tributaria, es evidente que el parlamento tendrá que asumir responsabilidades en temas fiscales como: autorizar el pago de la deuda a corto plazo, votar por el proyecto de ley de cobro de deudas tributarias, discutir la aprobación de nuevos impuestos como el predial y al patrimonio o el aumento al IVA versus la generación de incentivos fiscales a sectores económicos.

Tampoco se puede obviar la discusión y aprobación del presupuesto general del Estado de los próximos tres años, en esa etapa los diputados negocian la reorientación de fondos entre instituciones estatales y para fundaciones u organizaciones sociales. Por otra parte, el proyecto de ley de agua será fundamental en el debate legislativo y debe trascender con más intensidad a la opinión pública porque se juega una batalla para que este recurso se reconozca legalmente en función del colectivo como un derecho fundamental y no un insumo para la actividad lucrativa de las empresas. Con el tema de la elección de funcionarios en instituciones claves como la FGR o la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia demanda de los parlamentarios procedimientos y criterios especializados para filtrar, entrevistar y decidir por candidaturas con perfiles profesionales, agenda de trabajo definida y probidad en sus cuentas.

La segunda idea apela a la suspicacia que los electores debemos desarrollar para confrontar los ofrecimientos de candidatos y partidos en función de su coherencia y factibilidad. En primera instancia sospeche cuando algún candidato promueva cosas disímiles e incoherentes como pena de muerte o lectura de la biblia en centros escolares públicos. Luego analice si otras propuestas formuladas se pueden lograr o resultan mera publicidad engañosa, por ejemplo ante la idea de brindar incentivos fiscales a empresas o iglesias porque esto generaría la salida de jóvenes de las pandillas, debemos considerar cuáles son los mecanismos de evaluación y si tales incentivos lograrán ese resultado o sólo es una vía para eludir impuestos. No se puede olvidar la clásica apuesta de los partidos de proponer modificaciones en la constitución, omitiendo que se requieren dos legislaturas para hacer efectivos los cambios en las reglas del juego político.