Traficantes de indigencia

El Gobierno del FMLN asegura que la reforma del sistema de pensiones que ha propuesto es muy beneficiosa para los futuros jubilados. La oposición de Arena alega que es un robo, porque despoja a los trabajadores de sus ahorros. Ninguno de los dos dice toda la verdad; los dos esgrimen argumentos engañosos, ambos manipulan las expectativas de los trabajadores para promover su respectiva agenda política.

El Gobierno promete una pensión mínima vitalicia a los cotizantes (una minoría de la población trabajadora), pero sin garantías financieras. No reconoce que la reforma que propone permitirá al Estado saldar una cuantiosa deuda y resolver parcialmente su iliquidez crónica. Tampoco reconoce que la reforma le permitirá conservar el acceso a una fuente de financiamiento barata en detrimento de la pensión de los trabajadores, pues se resiste a pagar la tasa del mercado.

Arena y la gran empresa privada dicen defender los intereses de los trabajadores, pero en realidad defienden a las administradoras de pensiones y sus abultadas ganancias a costa del ahorro de los cotizantes. Justifican su intransigencia diciendo que hacen lo que los trabajadores les piden. Si fuera cierto, hace ya mucho tiempo que hubieran elevado sustancialmente el salario mínimo y que se hubieran ocupado de garantizar servicios básicos de calidad. Pretenden desconocer que la iliquidez del Gobierno y la abultada deuda pública es, en gran medida, un legado de sus administraciones.

Arena ha olvidado convenientemente que la inviabilidad del sistema de pensiones se debe, en gran parte, a que tanto los Gobiernos del PCN, su antepasado, como los suyos no entregaron al fondo de pensiones la parte correspondiente al Estado. Asimismo, han olvidado que en su momento fueron advertidos de que la privatización de las pensiones según el modelo chileno era inviable en El Salvador. Los costos administrativos y la comisión de las administradoras de pensiones debieran salir de la rentabilidad de la inversión, no del aporte del cotizante y del empleador.

El furibundo ataque de Arena ha conseguido atemorizar a la población con un engañoso concepto de propiedad privada y ha puesto al Gobierno a la defensiva, por falta de credibilidad y por una política de comunicación deficiente. Incomprensiblemente, las dos administraciones del FMLN no se han atrevido a explicar con claridad la crisis de la hacienda pública. Quizás por falso respeto a Arena y a sus Gobiernos, quizás por ignorancia e ineptitud.

La cuestión de fondo es estructural. Los Gobiernos pasados, el actual y los del futuro han bregado y tendrán que bregar con un sistema fiscal obsoleto. Los dos partidos grandes saben que es insostenible. Pero el FMLN se desentiende y Arena lo atribuye al elevado gasto público. Indudablemente, tanto el poder ejecutivo como el legislativo y el judicial derrochan un dinero que no tienen. Pero lo mismo hicieron los Gobiernos de Arena, que sin reparo alguno inflaron la deuda pública.

Además, al derroche hay que agregar la evasión y la elusión fiscal, y la corrupción. Pero cuando el Gobierno presiona para aumentar la recaudación, la empresa privada protesta airada contra lo que llama despojo. Cuando ataca la corrupción, los grandes y sus socios alegan persecución política. Si bien la reducción del gasto, el aumento de la recaudación y la contención de la corrupción representarían un gran alivio para la hacienda pública, eso no sería suficiente para proveer a la población de servicios básicos, incluida la pensión.

Arena señala correctamente que la cuestión de las pensiones debe formar parte de una reforma fiscal. Pero el FMLN no se ha atrevido a utilizar su capital político para impulsarla, de forma que pague más el que más tiene. Arena entiende por reforma fiscal recortar aún más el gasto social. Pero una buena reforma fiscal debe racionalizar el gasto, que no es lo mismo. Además, debe gravar o aumentar el impuesto a las ganancias individuales, los dividendos corporativos, la propiedad territorial, la herencia, no solo colocar el peso de la carga fiscal sobre los salarios y el consumo.

La miopía política impide que los partidos políticos entiendan que cualquiera que gobierne tendrá que ocuparse de la enorme deuda del país, de la inviabilidad del sistema de pensiones y de proveer servicios básicos a la población. En esas condiciones, ningún programa gubernamental, cuando lo hay, es viable. A los partidos solo les interesa el poder. Se afanan por llegar a él y una vez en él, hacen cualquier cosa para mantenerse. El bien común viene bastante después y solo en la medida que contribuye a alimentar su ambición.

La insostenibilidad de las finanzas públicas y la viabilidad del país debieran ser motivo suficiente para que los liderazgos políticos hicieran a un lado sus ambiciones de poder y sus ideologías —obsoletas, por cierto—, y se sentaran a diseñar una buena solución por el bien del pueblo salvadoreño al que dicen servir.