Un mito sobre la Ley de Amnistía

La admisión de la demanda contra la ley de amnistía por la Sala de lo Constitucional ha despertado muchas reacciones; lo que siempre ocurre cuando se pone en duda la conveniencia de su vigencia desde que se dictó después de los Acuerdos de Paz. En general, estas reacciones son de dos tipos: por un lado, las de aquellos que fueron parte de los bandos beligerantes, constantemente entrevistados por los medios de difusión y que defienden dicha ley, pues, para ellos, representa la garantía de la paz; por el otro, las de quienes están en contra de la amnistía con el argumento de que no puede haber paz sin justicia para las víctimas. Aunque las posiciones sean encontradas, los principales generadores de opinión pública sobre el tema tienen una característica común: ya eran adultos en las décadas de 1980 y 1990. Es decir, fueron parte de la generación de salvadoreños que estuvo involucrada, de una u otra forma, con la guerra y la firma de los Acuerdos de Paz; y que ahora constituyen, en buena medida, la clase dirigente política, económica, social y cultural del país.

Es esa característica lo que diferencia mi comentario con respecto a dichas reacciones, ya que formo parte de la generación que nada tuvo que ver con las causas ni las consecuencias inmediatas de la guerra; esa generación que nació siendo una víctima potencial del conflicto y a la que ahora le corresponde consolidar la democracia a partir y a pesar del pasado. Sin embargo, la responsabilidad cívico-ciudadana, que tanto enaltecen los de nuestra clase dirigente y que constantemente echan de menos —erróneamente— en las "nuevas" generaciones, me impulsa a desenmascarar un mito jurídico que, entre otros, utilizan quienes defienden la Ley de Amnistía. El mito es que si esta se deroga o se declara inconstitucional, se vulnerará el ordenamiento jurídico salvadoreño, porque se atentaría contra la seguridad jurídica y los derechos adquiridos que esa ley establece. Ahora bien, quienes esto aseguran tendrían que decir, entonces, en honor a la verdad, que dicha vulneración ya se consumó por la misma ley que defienden.

El 23 de enero de 1992, la Asamblea Legislativa dictó la Ley de Reconciliación Nacional, en la que se concedió la amnistía a todas las personas que participaron en los delitos cometidos durante la guerra, salvo a quienes, "según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1 de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieron en su caso" (art. 6, inc. 1). Dicho con otras palabras, siete días después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República decretaban el derecho de acceso a la justicia a favor de las víctimas y/o sus familiares, siempre y cuando quisieran ejercerlo, en aquellos casos emblemáticos donde se vulneraron gravemente los derechos humanos durante la guerra. Al mismo tiempo, reconocían el derecho a la verdad como uno de los cimientos de la paz a construirse, a favor de la sociedad salvadoreña en su conjunto.

Cabe decir que el reconocimiento del derecho a la justicia en este caso no implicaba necesariamente su ejercicio; si bien las víctimas y/o sus familiares podían ejercerlo, podían también decidir no hacerlo. Lo importante es que el ordenamiento jurídico les otorgaba la posibilidad de decidir al respecto. Sin embargo, el 20 de marzo de 1993, catorce meses después de haber sido decretada aquella ley, los políticos, esos mismos que habían reconocido los derechos de acceso a la justicia y a la verdad en relación a los graves crímenes de guerra, arrebataban a las víctimas y/o sus familiares, en particular, y a la sociedad, en general, la posibilidad de ejercer ese derecho en el futuro. Con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, se derogó explícitamente el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional, de tal manera que a partir de ese momento la amnistía se extendía a favor de quienes fueron señalados en el informe de la Comisión de la Verdad. Informe que, dicho sea de paso, se dio a conocer cinco días antes que se dictara esta nueva ley, el 15 de marzo de 1993. Con esta derogatoria, entonces, se instauró la impunidad en relación a las graves violaciones de derechos humanos como un (anti)valor básico de la construcción y la consolidación de la paz. En la práctica, se restringió el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y/o sus familiares que antes se les había reconocido.

Por tanto, dada esa reacción inmediata para favorecer a los señalados por la Comisión de la Verdad, no parece extraño que nuestros dirigentes políticos actuales (muchos de los cuales también lo fueron durante la guerra y en el proceso de los Acuerdos de Paz) hayan emitido tan rápido el decreto 743 en contra de la Sala de lo Constitucional, días después de que en España el juez Eloy Velasco admitiera la demanda contra los acusados como autores intelectuales en el asesinato de Elba, Celina y los jesuitas. Algunos de ellos incluso mencionaron, después de aprobado ese decreto, que esta reacción se debió a que la Ley de Amnistía —y con ella, la supuesta paz alcanzada— podía estar en riesgo si se revisaba constitucionalmente.

En conclusión, este mito es falso, como también es falso que esos dirigentes políticos, sociales, económicos y culturales que defienden la Ley de Amnistía tengan un especial interés por proteger la seguridad jurídica y los derechos adquiridos en El Salvador. Si realmente fuese así, lo lógico hubiera sido nunca cambiar la Ley de Reconciliación Nacional, una reforma en la que participaron muchos de ellos. Obviamente, con la defensa a ultranza de la Ley de Amnistía, se defienden en realidad los intereses concretos de las personas señaladas por la Comisión de la Verdad como responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Esto es un irrespeto continuo a los derechos de justicia y verdad a favor de las víctimas y/o sus familiares, y con ello a la seguridad jurídica, por despojarles de una facultad que ya se les había reconocido.

A partir de los hechos históricos y sus acciones en el pasado, es posible afirmar que los dirigentes actuales quizá fueron los idóneos para terminar con la guerra y la dictadura; pero hoy, también por sus acciones y comportamientos reaccionarios en determinados asuntos, están siendo uno de los mayores obstáculos para consolidar la paz y la democracia. Ojalá que ahora, cuando la Ley de Amnistía está siendo efectivamente revisada en su constitucionalidad, los dirigentes políticos y grupos de poder sepan respetar nuestra institucionalidad; es decir, que en beneficio de la democracia y la armonía social que tanto dicen defender, sepan respetar la decisión de la Sala de lo Constitucional, en caso de que declare inconstitucional esa ley.