Valle El Ángel

La empresa privada también puede violar derechos humanos básicos. Antes esta afirmación no era aceptada porque la doctrina de los derechos humanos nació para evitar los abusos del Estado o de sus agentes contra personas particulares. Pero con el surgimiento de los derechos humanos de tercera generación, como los derechos de los pueblos y el derecho al medioambiente y al agua, ha empezado a generarse una visión que reconoce la posibilidad de que las empresas violen gravemente los derechos de las personas. Ciertamente, el Estado debería impedir —no apoyar— que las empresas nieguen el acceso a bienes que son comunes y que resultan severamente dañados por intereses particulares. Pero el poder económico e incluso político de algunas empresas, unido a la corrupción estatal, provoca serias violaciones a derechos de las personas.

El proyecto Ciudad Valle El Ángel, a construirse entre los municipios de Nejapa y Apopa, con una extensión de más de doscientas hectáreas, amenaza con crear un grave problema ecológico. Edificar una urbanización tan amplia en una importante zona de recarga de acuíferos y simultáneamente extraer agua para el proyecto significa robarle el agua a las comunidades del entorno y disminuir sistemáticamente el nivel de los reservorios subterráneos. La Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado, respaldando las peticiones de múltiples comunidades y parroquias del entorno, presentó ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una muy bien fundada petición de que no se autorice la construcción de los varios miles de casas.

En esa zona, ya algunas empresas abusan exageradamente de los acuíferos. Emprender el proyecto supone una amenaza para una amplia población local y convierte el agua en un bien cada vez más caro para la ciudadanía. Simultáneamente, la contaminación por residuos, aguas negras y erosión de terrenos hasta ahora de vocación agrícola crea un problema que va más allá de aspectos municipales. La basura generada irá a parar al río Lempa y a la represa del Cerrón Grande, ya exageradamente contaminados. Ese es un problema nacional. Además, el tráfico de vehículos sobre la prolongación del bulevar Constitución, que ya sufre terribles congestiones en las horas punta, colapsaría con las nuevas viviendas.

La empresa que está detrás de esta construcción no tiene sensibilidad de derechos humanos. Algunos de sus accionistas han mostrado una dureza brutal con las personas empobrecidas que por una serie de circunstancias vivían desde decenas de años en sus tierras. Baste recordar el desalojo de El Espino, hoy en vías de solución gracias a los esfuerzos estatales, para darnos cuenta de la insensibilidad social y con los derechos humanos que caracteriza a algunos accionistas de empresas de construcción. Frente a ellos, el Estado debe ser firme. E incluso las instituciones de la empresa privada, sus asociaciones, gremios y tanques de pensamiento, deberían, por principio ético, censurar a sus afiliados cuando violan derechos humanos y afectan al bien común.

El Estado debe tener un plan nacional claro de zonas urbanizables, de zonas de vocación agrícola y de zonas forestales protegidas. En uno de los países más deforestados de América Latina, no se puede permitir que bajo el concepto de libertad de empresa se dañe el medioambiente, se usurpe ese bien común indispensable que es el agua y se creen graves problemas de contaminación y de tráfico. El pensamiento de la doctrina social de la Iglesia es claro cuando dice que “la empresa debe ser una comunidad solidaria no centrada en los intereses corporativos, tender a una ecología social del trabajo y contribuir al bien común, incluida la salvaguardia del ambiente natural”. Nada de eso se advierte en el proyecto Ciudad Valle El Ángel.

* José María Tojeira, director del Idhuca.