Violencia estructural, violencia social

Los nombramientos en la PNC y la progresiva participación militar en la conducción de las tareas policiales nos hacen reflexionar sobre los dos elementos básicos de una sociedad a la hora de prevenir y controlar la violencia. Aparte de creer que la participación militar está en choque con la Constitución, más clara o más larvadamente, resulta indispensable clarificar conceptos frente a una discusión eminentemente política pero que con frecuencia se queda en lo más superficial de los problemas.De entrada, quisiera defender una tesis elemental: una sociedad estructuralmente violenta está condenada a mantener altas dosis de violencia social y violencia delincuencial. Donde hay salarios de hambre, donde escasean las oportunidades, donde la educación adecuada al desarrollo económico-social no cubre ni al cincuenta por ciento de la población, donde el cuidado de la salud es deficiente desde el servicio estatal y fuera de los alcances del noventa por ciento de la población en el sector privado de la salud, difícilmente se puede prevenir la violencia. Algunas dictaduras salvajes han podido prevenirla, como la del general Hernández Martínez en El Salvador, después de ahogar en sangre a la población. Pero tanto el miedo como los dictadores duran relativamente poco cuando faltan la tortilla y el frijol.

Si vemos la sociedad salvadoreña, contemplamos que los índices de homicidios, con los que se mide con frecuencia el nivel de violencia de un país, son muy elevados desde que existen, más o menos, datos fehacientes. El informe de Desarrollo Humano El Salvador 2010 del PNUD recopila datos de homicidios desde 1950. Y muestra que solo en la década de 1960 se bajó ligeramente, durante pocos años, de 30 homicidios por cada cien mil habitantes; precisamente en los años que hubo algunas reformas sociales mejoró relativamente la situación. Después, al igual que en la década de los cincuenta, la cifra se volvió a disparar a niveles cuyo mínimo era 40 homicidios por cada cien mil habitantes. Proporción que multiplica hasta por cinco y seis la cifra que la Organización Panamericana de la Salud identifica como epidemia (más de 10 muertes por cada cien mil personas).

A lo largo de todos estos años, nuestro país ha sido incapaz de vencer la injusticia estructural. Las reformas habidas hasta el presente han sido mínimas. La inversión social del todo insuficiente. Es cierto que estamos mejor que en los años cincuenta y sesenta, y bastante mejor que cuando estábamos en tiempo de guerra civil. Pero las diferencias entre ricos y pobres son cada vez más patentes, la población tiene un idea más clara de su derecho al bienestar básico que de momento le es negado, y hemos sido incapaces de mejorar sustancialmente los índices de justicia social. Si no somos capaces de vencer la violencia estructural de nuestra propia sociedad, difícilmente venceremos la delincuencia aplicando mayores medidas violentas (legales, por supuesto) a la persecución del delito.

Es cierto que la sociedad tiene derecho a utilizar la violencia, a través de las instituciones adecuadas, en su propia defensa. Pero para tener éxito a través de la Policía es necesario que la misma sociedad busque organizarse de un modo menos violento. Y la sociedad salvadoreña no ha conseguido organizarse ni estatal, ni social, ni económicamente de manera que se eliminen formas escandalosas de marginación o exclusión. En otras palabras, vivimos en una sociedad que tiene en su forma de funcionar las semillas de la violencia. Si en una familia los padres son violentos, los hijos saldrán con tendencias violentas. Solo cuando la mayoría de los hijos conscientes corten las reacciones violencias, se cortará en la familia el dinamismo de la violencia.La fuerza se puede y se debe usar contra quienes recurren a la fuerza bruta para robar, matar, traficar droga, cometer delitos. Debe ser una fuerza disuasiva, proporcional, respetuosa de los derechos humanos y encaminada a llevar frente a los tribunales a quienes han delinquido. Pero no se le puede pedir a la Policía, ni a los jueces, ni a los fiscales que solucionen los problemas de injusticia estructural. Y mientras estos problemas permanezcan, podremos tener mayor o menor suerte a la hora de reducir la delincuencia, pero vamos a tener siempre unos niveles de violencia y homicidios que están catalogados como verdadera epidemia, trayendo enormes costos a la ya depauperada economía del país y, sobre todo, creando dolor y desesperación al pueblo salvadoreño. Querer vencer la violencia con mayor fuerza sin cambios estructurales es simplemente una misión imposible. El discurso de preparar la musculatura para iniciar una ofensiva contra la violencia puede ser novedoso en la formulación, pero no hace más que repetir de otra manera las frases de mano dura y superdura, consideradas como un fracaso por la población. Si, además, esta ofensiva se dirige contra una parte de los jóvenes del país, habrá que pensar en elriesgo de lanzarse contra una parte de los que solemos llamar el futuro de la patria.

¿Necesitamos mayor energía, estrategia, investigación y fuerza frente a la delincuencia? Sí. Pero mientras no seamos capaces de tener un verdadero diálogo nacional en torno a las graves injusticia sociales existentes y no emprendamos un camino de corrección ordenado y rápido hacia la justicia social y el desarrollo en El Salvador, estos discursos de mano dura, musculatura firme, ofensivas, e incluso reformas de las instituciones de justicia y cuerpos auxiliares (que claro que se necesitan), no pasarán, en el mejor de los casos, de traernos leves reducciones de la violencia. Reducciones que serán fácilmente reversibles y que, manteniéndose en niveles de epidemia, seguirán acumulando dolor, luto y desconfianza en un país que necesita confianza ciudadana y esperanza para salir del subdesarrollo.