Voluntaria y conveniente ceguera

Como ha sido tradición por más de dos décadas y media, el Iudop realiza a mediados del año un sondeo de opinión pública para evaluar, desde la perspectiva de los ciudadanos, el desempeño del Gobierno de turno. Estas mediciones son parte del seguimiento sistemático de la UCA a la opinión pública salvadoreña desde 1986, lo que le ha permitido a la Universidad captar la conciencia colectiva a través del tiempo y examinar la evolución de las actitudes o los juicios ciudadanos frente a la realidad, más allá de medir un estado de opinión coyuntural, como sucede con encuestadoras que hacen mediciones de opinión solo en períodos electorales. Como señalaba Ignacio Martín-Baró, fundador del Iudop, poco se gana con realizar encuestas esporádicas y puntuales, pues se corre el riesgo de que sean un mero reflejo superficial de estados de opinión circunstanciales. De igual manera, las encuestas no pueden captar la conciencia colectiva ni cumplir su objetivo de ser canales de expresión de la ciudadanía si en su análisis no se logra hacer una totalización del sentido de las actitudes y opiniones recogidas. Un dato en sí mismo, interpretado sin conexión con los otros resultados de la medición, no logra aportar a la comprensión del clima de opinión prevaleciente.

La más reciente encuesta de opinión de la UCA, dedicada principalmente a evaluar el tercer año del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, muestra con elevada consistencia un predominio de juicios negativos en torno a la gestión gubernamental, los cuales se inscriben en una erosión progresiva del respaldo ciudadano a la actual administración; una tendencia advertida en las mediciones realizadas por el Iudop desde el primer año de gestión de Sánchez Cerén. Si bien uno de los indicadores más relevantes de esta medición es la nota que la población le adjudica al Ejecutivo, el dato nos dice poco si no se interpreta en el contexto de los patrones de opinión predominantes y a la luz del actual contexto sociopolítico. Así, la calificación de 4.79 otorgada por los ciudadanos al Gobierno cobra sentido al situarla respecto a otras valoraciones: el 68% no ve cambios positivos con el actual Gobierno, el 70.8% identifica cambios negativos, el 56.7% no advierte ningún logro gubernamental en este tercer año, el 62.4% asegura que el Presidente no ha cumplido sus promesas, el 80.7% de la gente no se siente beneficiada con la actual administración, el 57.6% cree que el país está peor que hace tres años y el 61.1% piensa que Sánchez Cerén gobierna mal al país.

Otro elemento a destacar para entender los datos revelados por la encuesta es el notorio declive que han experimentado algunas apreciaciones sobre el Gobierno en los últimos dos años. Solo para citar un ejemplo, entre 2014 y mayo de 2017, las opiniones que sostienen que el Presidente gobierna mal al país han crecido en 22.2 puntos porcentuales, mientras que los que creen que el mandatario no cumple sus promesas han pasado del 48.2% al 62.4% en el mismo período. En ámbitos más concretos, el 70% de los ciudadanos cree que la situación de la economía nacional ha empeorado con el actual Gobierno, el 61.8% opina que la delincuencia ha aumentado, el 63.4% piensa que la migración de salvadoreños hacia el exterior ha crecido y el 57.9% cree que la atención en hospitales públicos y unidades de salud ha empeorado, entre otros resultados.

Otro dato interesante en esta medición es que en el análisis de distintos indicadores de percepción sobre el trabajo del Gobierno, no se encuentran las usuales diferencias de peso estadístico entre hombres y mujeres, niveles educativos, edades o extracción urbana o rural. Ello obedece a los altos niveles de consenso ciudadano encontrados en distintas apreciaciones sobre el Gobierno, algo que resulta interesante, pues las características de la gente parecen tener en la actualidad menos relevancia a la hora de construir juicios sobre el Gobierno y las instituciones. Incluso entre los que declaran simpatía por el FMLN, las apreciaciones favorables hacia el trabajo del Gobierno no aumentan significativamente. Estos altos niveles de desaprobación del trabajo del Gobierno deben interpretarse a la luz del hastío de la población ante la poca capacidad de las instituciones para representar los intereses ciudadanos y atender sus demandas. Si bien no se trata de un déficit de representación reciente que se circunscribe al Ejecutivo, el descontento ciudadano se ve agravado por las múltiples crisis que enfrenta el país, la percepción de la incapacidad del Gobierno para atender los problemas y el reconocimiento de prácticas como la corrupción, que ha permeado al Estado y sus funcionarios sin distingo de ideología ni color partidario. Los salvadoreños, sobre todo los sectores socioeconómicos más vulnerables, luchan día a día por salvaguardar su vida del asedio delincuencial en sus comunidades y por asegurar la subsistencia económica, invadidos cada vez más por un sentimiento de abandono, desprotección y desesperanza respecto a los que por mandato deben garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.

En este contexto, señalar, como lo hace el Secretario General del FMLN en un memorando dirigido a la cúpula y militancia partidaria, que la encuesta de la UCA forma parte de una estrategia para desestabilizar el país y generar un ambiente adverso a su partido, es la mejor muestra de la desvinculación de los liderazgos políticos del sentir y pensar de la población, y del desprecio hacia las opiniones ciudadanas. Es evidencia, además, de la ceguera con que algunos dirigentes políticos enfrentan la realidad nacional y las consecuencias de sus propias incapacidades. Pretender elevar la moral de la militancia mintiendo y difamando es insultar la inteligencia de la gente y menospreciar su capacidad reflexiva, y una constatación de que esta clase de políticos no están interesados en atender los problemas ni las demandas de la población, sino en mantener el poder a cualquier precio.