"El miedo no es a ratificar el derecho humano al agua, sino a la Ley General de Aguas"

El 14 de abril, el Gobierno decretó estado de emergencia por la escasez de agua en el área metropolitana de San Salvador. La crisis, de acuerdo a las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se debe a varios factores, entre los que destacan el cambio climático, la baja producción de los pozos utilizados para el abastecimiento de agua en la zona y a que el país capta solamente el 10% del agua lluvia: el 90% se pierde en el suelo impermeabilizado por las construcciones.

Desde hace más de dos años, la UCA, a través de sus editoriales y espacios de reflexión académica, ha venido exigiendo la aprobación de un marco legal que reconozca el derecho humano al agua y denunciando la inminencia de una crisis por estrés hídrico, que hoy es reconocida oficialmente por el Estado.

Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social, comparte su análisis de la crisis y habla sobre el panorama de cara a la aprobación de una Ley General de Aguas.

La crisis del agua no es nueva en el país. De hecho, la Universidad ha denunciado esta situación en varios editoriales. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué cree que el Gobierno declara la emergencia?

La declaración es el reconocimiento oficial de la crítica situación que vive el país. En primer lugar, la crisis no es de ahorita, es una crisis que ha venido incubándose. Venimos diciendo que estamos al borde del estrés hídrico desde hace mucho tiempo. Por otro lado, la crisis no es solo del área metropolitana de San Salvador, sino a nivel nacional: de los 56 ríos, prácticamente ninguno tiene agua apta para el consumo humano. Y tercero, no es solo problema de mala administración de ANDA, sino que es una crisis que reúne la mala actuación o la ausencia de actuación de muchos sectores gubernamentales y de la sociedad salvadoreña. Lo que hace la declaración es reconocer oficialmente la dificultad en la que estamos.

Hay sectores que opinan que el problema no es por falta de agua, sino por una mala administración del recurso

Que digan que hay agua es mentira. Es decir, es cierto que El Salvador tiene 1,800 milímetros de precipitación pluvial anualmente; estamos arriba de muchos países. Pero no hacemos nada para aprovechar las aguas lluvias que caen. Las reservas que ha tenido el país han sido por obra de la naturaleza, por la infiltración en los mantos acuíferos, y de ahí sacamos agua. Pero ahora, la invasión de urbanizaciones y centros comerciales hace que disminuya la infiltración de agua. La crisis se debe no solo a ANDA, aunque tiene muchas deficiencias; se debe también a la falta de acción del Ministerio del Medio Ambiente, del Viceministerio de Vivienda...

¿Qué significa el anuncio de esta crisis de cara a la aprobación de una Ley General de Aguas?

Nunca ha estado tan presente el tema del agua como en este momento. Y no es por obra de las organizaciones sociales, sino por la crisis. Pero esta coyuntura debe aprovecharse, pues podría significar un salto de calidad en la gestión del agua que garantice el acceso de toda la población, o un peligro.

¿Por qué un peligro?

Porque el asunto no es tanto que se apruebe una Ley General de Aguas, sino qué tipo de Ley se apruebe. La discusión [de la Ley en la Asamblea] se estancó en la definición de cuál es el ente rector que aplicará la Ley. La propuesta del Gobierno anterior, que es la que respaldamos nosotros como Universidad, establece una institucionalidad pública; y la que respaldan Arena y la gran empresa privada establece una institucionalidad privada. Ellos abogan por una autónoma con representación mayoritaria de gremiales empresariales, lo que le daría un sesgo privado al ente rector. Nosotros lo hemos valorado y creemos que puede ser una autónoma con primacía de instancias oficiales o gubernamentales.

Por ejemplo, la ANEP pretende que haya una representación de la gremial de turismo que tienen ellos; nosotros decimos: “Está bien, que esté el Ministerio de Turismo”. Pretenden que otra representación sea de la gremial de azucareros; nosotros decimos: “Bien, que esté el Ministerio de Agricultura y Ganadería”. Dicen que haya representación de la gremial de la construcción; nosotros decimos: “Bien, que esté el Viceministerio de Vivienda”. Es decir, puede ser una autónoma siempre y cuando tenga mayoría de instancias públicas. Lo que plantea la ANEP es una autónoma con siete integrantes, cuatro de los cuales representan a la empresa privada.

En este contexto, con la declaratoria de la crisis, se puede generar el peligro de que los diputados se vean presionados y terminen aprobando una Ley que no reconoce al agua como un derecho humano; o puede representar la oportunidad para dar este salto cualitativo y aprobar una que garantice que el Estado sea el último garante del acceso a este recurso. Nosotros estamos en esta línea.

La aprobación de una ley no garantiza que se cumpla. En este caso, tampoco garantizaría el acceso al agua. En las últimas semanas, ANDA ha realizado varias acciones para garantizar el abastecimiento sin contar con una Ley. ¿Qué diferencia haría un marco jurídico en este tema?

Estamos conscientes de que una ley no va a garantizar automáticamente que todo el mundo tenga agua, pero sí es una condición para poder cambiar la realidad. Si no está contemplado en una ley, aunque tengamos el derecho legítimo, no tendremos la herramienta legal para exigirlo. Creemos que contar con un marco jurídico que explícitamente diga que el fin último del agua es el ser humano, no la comercialización, constituye condición para emprender nuevas luchas en este tema.

En el caso de ANDA, lo que está haciendo, ellos mismos lo han dicho, son medidas de emergencia y van en la línea de más explotación del agua. Es como tener una naranja que se exprime y se sigue exprimiendo. Eso es lo que están haciendo. Pero no han planteado medidas de protección de las cuencas, del uso del agua para turismo, agricultura, ganadería o para los campos de golf. Si no se tiene la Ley, si no se reconoce el derecho humano al agua, se seguirá privilegiando a unos pocos. Por ejemplo, a Industrias La Constancia nunca le falta el agua. Coca Cola siempre se produce, cerveza siempre se produce. Mientras que las comunidades de Santo Domingo tienen cañería, pero no agua. Si se reconociera el derecho humano al agua, podríamos exigir que antes que agua para la industria, en este caso para bebidas carbonatadas y alcohólicas, se satisfaga el derecho de la gente a tener agua.

En la actual crisis del agua, ¿cuál es el principal problema a resolver?

El principal problema es que en el fondo de esta discusión hay dos contradictorias concepciones sobre el agua. Una que la ve como un derecho humano y un derecho de toda la población; y la otra que la ve como una mercancía. Desde esta última visión, todo lo que sea objeto de lucro hay que privatizarlo y debe estar sujeto a las leyes del mercado, entrar en la regla de la oferta y la demanda. Entonces, ¿quiénes van a tener agua? Los que puedan pagarla. De hecho, ya estamos viviendo esa experiencia: en este país, una botella de agua de las pequeñas cuesta más que la misma cantidad de leche.

En la jurisprudencia, como sabemos, la regla es que la primacía la tiene la Constitución y después vienen las leyes secundarias; por tanto, es en la Constitución donde primero se debe ratificar el derecho humano al agua. Sin embargo, los diputados que se opusieron a esta ratificación, Arena y PCN en concreto, dijeron que no lo harán hasta que se tenga una ley, porque, a su juicio, la ley que se ha presentado para aprobación es confiscatoria. Yo creo que no es confiscatoria, la he leído y no hay nada de confiscación. Entonces, ya cambiaron la jurisprudencia del país, porque primero quieren la ley secundaria para después votar por la ratificación en la Constitución, cuando es al revés.

El miedo no es a ratificar el derecho humano al agua, sino a la Ley General de Aguas, porque el agua es un recurso que está dejando inmensas ganancias. A los que reciben agua de la red pública de ANDA el metro cúbico les cuesta más de sesenta centavos; un metro cúbico son cinco barriles de 55 galones. A las comunidades que están comprando el agua en pipa, el barril les cuesta entre dos y tres dólares, depende el lugar. O sea que lo que a unos les cuesta sesenta centavos a las comunidades les está costando entre diez y quince dólares. Es un negocio redondo; detrás está el lucro de grandes empresas.

Los diputados que se oponen nunca han dado un argumento sostenible y convincente para no dar sus votos, nunca, porque hay unos gremios empresariales que no les beneficia que se reconozca el agua como un derecho humano y que se plasme en una ley. De fondo, hay un problema de desigualdad de acceso al agua; unos la quieren para enriquecerse y otros la queremos para satisfacer la vida.

¿En qué espacios ha participado la UCA para apoyar e intentar aportar académicamente en este tema?

Participamos en el Colectivo Socio Ambiental "Cuidemos la casa de todos", integrado por ocho organizaciones. Tenemos ya tres años de venir trabajando en este espacio, desde donde han surgido reflexiones y propuestas. Y también acciones como el esfuerzo de unificar a los sectores involucrados con el tema agua, con el que se logró agrupar a casi cien organizaciones. Fue una unión inédita. Ahora, con la actual coyuntura, nos estamos coordinando con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos para hacer una amplia convocatoria a las organizaciones, unirnos y tener una voz conjunta que exija la aprobación de una Ley General de Aguas que responda a los intereses del pueblo.

También la palabra de la Universidad trata de estar presente en esta temática a través de editoriales, comentarios, programas de televisión y radio, y entrevistas.

Del Colectivo surgió la iniciativa de invitar al relator especial de la ONU en el tema del agua. Le solicitamos a Cancillería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que hicieran las gestiones. La Universidad firmó la invitación oficial que envió el Gobierno. Afortunadamente, el relator aceptó y vendrá al país en este mes de mayo.

Lo que la UCA puede hacer desde sus competencias universitarias, estamos haciéndolo.