¿Qué le parecería a usted si en las elecciones legislativas el partido que obtuviera más votos se llevara los 84 diputados? ¿Qué pensaría si eso sucediera pese a que la diferencia entre el ganador y los demás partidos fuera una pequeña cantidad de votos? Si esto pasara, con seguridad a muchos les parecería injusto y antidemocrático. Sin embargo, exactamente eso es lo que sucede en las elecciones municipales en El Salvador. El partido que gana la elección se lleva todo: alcalde, síndico y concejales. Por ejemplo, en los comicios de 2009, Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, quedó en manos de un partido por una diferencia de tan solo un voto. El instituto político celebró la victoria como si hubiese sido aplastante, pero no tanto por los resultados como por el premio. Por supuesto, los ciudadanos que votaron por los otros partidos —según los resultados, cerca de la mitad de los electores— no se sienten representados en la gestión municipal. Y esta falta de representación se vive en todos los municipios del país.
El Salvador dice regirse por un sistema democrático, pero es el único en Latinoamérica que tiene gobiernos municipales monopartidistas. Nuestro país, pues, tiene una deuda con la democracia desde hace mucho tiempo. En 1994 se comenzó a hablar del tema, pero fue hasta el 25 de agosto de 2009 que un grupo de organizaciones presentaron un anteproyecto de reforma a los códigos Electoral y Municipal para que los concejos sean pluripartidistas. De lo que se trata es que los ciudadanos estén representados en los concejos municipales proporcionalmente a los votos obtenidos por cada partido.
La propuesta de las organizaciones quedó engavetada hasta el 22 de enero de 2013, cuando por unanimidad los partidos enviaron el dictamen favorable al pleno legislativo para su aprobación. Sin embargo, en la sesión plenaria del 24 de enero, Arena pidió someter a consulta el anteproyecto con alcaldes y con la Comures, argumentando que dicha consulta estaría concluida en una semana. A casi un mes desde que eso aconteció, no se ha vuelto a hablar sobre esta deuda histórica que el país y los partidos políticos tienen con el pueblo salvadoreño.
Todo cambio genera resistencias, sobre todo en quienes se sienten beneficiados por el viejo orden o tienen miedo a lo desconocido. No obstante, los partidos políticos, y especialmente Arena, deben entender que los concejos plurales no tienen por qué ser una copia al calco de las ineficiencias y vicios de la Asamblea Legislativa, donde la falta de acuerdos entre las bancadas disminuye la eficiencia en el trabajo y estanca la aprobación de proyectos. Los concejos plurales deben ser el canal natural para que todos los sectores de un municipio se sientan representados localmente, y no una cadena de obstáculos para el desempeño eficiente de un alcalde. Ese delicado balance es el que hay que cuidar por el bien de las municipalidades.
Que los concejos sean plurales es deseable por lo menos en cuatro sentidos. Primero, porque aumentaría la calidad del control y vigilancia que puede ejercerse sobre la autoridad de la comuna. Segundo, y a consecuencia de lo anterior, porque contribuiría a una gestión más transparente. Tercero, porque mejorarían los niveles de representatividad y legitimidad del gobierno local. Y cuarto, porque toda la población del municipio se sentiría en la potestad de plantear propuestas y reclamos a la gestión local. En definitiva, los concejos municipales plurales serían una buena noticia para el avance de la democracia, para el pueblo salvadoreño y para los mismos partidos políticos. ¿Cuál es, entonces, el miedo a implementar la medida?