Acto inmoral

El Gobierno actual no quiso firmar el Acuerdo de Escazú, en el que los países latinoamericanos se comprometen a garantizar el acceso a la información pública en temas ambientales. Sin embargo, la administración Bukele dice impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según consta en la página web de Casa Presidencial. En el Objetivo 16, que habla de instituciones sólidas, se menciona como necesario el acceso a la información pública. En 2010 se aprobó en la OEA la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. En 2011, la Asamblea Legislativa aprobó una normativa nacional sobre acceso a la información, la cual sigue vigente hasta el momento. A pesar de todo, cada vez hay más quejas sobre las trabas para acceder a información pública. Y también cada vez con mayor frecuencia el Gobierno establece reserva de información por varios años a proyectos, actividades e inversiones estatales, recurriendo a razones en general absurdas.

En esa línea, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, en un reciente estudio, detectó un bajo cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. De las 18 instituciones gubernamentales analizadas por el Observatorio, ninguna cumplió con las responsabilidades establecidas en la legislación. Los tres poderes del Estado parecen estar de acuerdo en restringir el acceso ciudadano a la información. Aparte de las sospechas de corrupción que genera, esta situación ha llevado a serias confrontaciones entre el periodismo de investigación y el Gobierno. Se ha generado así un estado de temor entre los periodistas, que sufren amenazas y acoso cuando descubren irregularidades e indicios de corrupción. Los discursos de odio en las redes, con un plus de agresividad machista cuando la periodista es mujer, incluso han forzado a algunos periodistas a abandonar el país.

Un caso especial de opacidad y negativa a la información es el de la Dirección General de Centros Penales. En el contexto del régimen de excepción, los abogados defensores no pueden visitar a los privados de libertad. Por su parte, los familiares de los detenidos no saben en qué prisión están sus parientes ni si viven o están muertos. La negativa del sistema carcelario a informar es inmisericorde, brutal y despectiva tanto del derecho internacional como de las personas concretas, esposas, madres y parientes que quieren conocer la situación de sus seres queridos.

Más allá de las violaciones al derecho nacional y convencional, hay un serio problema ético que afecta a la moralidad pública. La Iglesia católica defiende en su pensamiento social que la información pública “se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática”. Por ello, insiste en que “la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad”. Negar información implica no solo violar la ley, sino incurrir en un acto inmoral profundamente dañino para la convivencia, un acto de agresividad y de violencia contra las personas.