Al margen de la legalidad

En la actualidad, un gran número de acontecimientos saturan la cotidianidad de la sociedad salvadoreña, los cuales son amplificados y enturbiados por las redes sociales. La variedad es amplia: desde la llegada vía deportación de supuestos criminales venezolanos desde Estados Unidos, decomisos de miles de sacos de cocaína, cierres de carreteras que vuelven una pesadilla la movilización hacia y desde la capital, revelaciones periodísticas sobre procesos de corrupción.

Ante ello, la comunicación gubernamental ha buscado distintas estrategias. La propuesta de canje de presos con Venezuela, el aumento del salario mínimo, la captura de empresarios del transporte, el anuncio del pago de mil millones de dólares que el Estado adeuda a distintos proveedores... Cada día, una novedad; cada día, una nueva respuesta. Y la discusión pública termina presa de la dictadura de las redes sociales.

En medio de ese ruido, es posible documentar la profundización de las medidas antidemocráticas impulsada por el oficialismo. El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA muestra que en 2024 el derecho a la libertad fue el más vulnerado. En este sentido, los datos generados por el Observatorio no son un buen presagio para el futuro de país, su población y su gobernanza. Se vive en la cultura de la ilegalidad, del incumplimientos de las normas. Peor aún, las normas son creadas a medida para cumplir con los deseos e intereses del régimen. Y si no hay tiempo para ese tipo de formalismos, simplemente se ignora el proceso de formulación de ley y se actúa según voluntad.

La arbitrariedad y la represión en El Salvador van en aumento. El Gobierno debe explicar la negociación con pandilleros a cambio de votos. Es fundamental saber qué está de fondo en el trato con Estados Unidos que avala que migrantes sin proceso judicial en el país terminen en cárceles salvadoreñas. Cómo es que el Gobierno decreta la gratuidad del transporte a través de las redes sociales sin ninguna fundamentación legal. Además, ha capturado a empresarios del transporte sin seguir el debido proceso y apelando a un estado de excepción que ya no se justifica.

A la base de estas irregularidades está la dictadura de las redes sociales y el abuso del poder. La sociedad salvadoreña está inmersa en una dinámica totalmente anómala, en la que se gobierna por capricho, los controles no funcionan, las instituciones responden a las órdenes de una persona y su círculo, y la única legitimidad en el ejercicio del poder es la popularidad.

Un mejor país no se construirá inventando enemigos ni metiendo a las personas a las cárceles sin ningún fundamento. El futuro no será mejor allanando viviendas, intimidando organizaciones o estigmatizando periodistas, activistas sociales y disidentes. Es necesario soñar y defender una sociedad en la que se respeten las normas, se busque el diálogo y se garanticen los derechos humanos para toda la población.