Apuesta equivocada

De la situación de los centros penales, a nadie le gusta hablar. El tema se evita o se esconde con consciente indiferencia. A lo sumo llegan, a través de los medios de comunicación, cifras, imágenes crudas de hacinamiento y, sobre todo, el mensaje de que es allí donde se planean y ordenan muchos de los delitos que se cometen a diario. Pero no se conoce a fondo esta realidad. Recientemente se hizo pública la investigación “El sistema penitenciario salvadoreño y sus prisiones”, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA con apoyo de la Fundación Heinrich Boll. Los hallazgos no dejan lugar a dudas: las condiciones de los centros penales son deplorables y suponen una enorme crisis humanitaria.

En la actualidad, El Salvador exhibe las cifras de prisionalización más altas de su historia y una de las mayores de las Américas y del mundo. Por cada 100 cupos de los centros penales, hay, en promedio, 367 privados de libertad. Aunque la capacidad total del sistema es para aproximadamente 10 mil internos, en agosto pasado se contabilizaban más de 31 mil. Esto sin sumar a los más de 5 mil que guardan prisión en las bartolinas de la Policía Nacional Civil, en condiciones aún peores que las de los centros penales. Del total de reclusos, solamente la quinta parte estudió algún grado de bachillerato, de una carrera técnica o universitaria, y más del 70% tiene entre 18 y 35 años de edad; es decir, jóvenes que están desperdiciando su vida a causa de malas decisiones. De toda la población interna, el 41.7%, casi 13 mil, son jóvenes pandilleros. Especial atención merece que en las cárceles destinadas a ellos son más graves los problemas de infraestructura y la falta de programas reeducativos y de inserción laboral

La investigación también revela que las penas de prisión han aumentado significativamente en los últimos años. Los datos oficiales muestran que las sentencias de entre 31 y 50 años de prisión se incrementaron en un 71.2% y que las de 51 años o más crecieron en un 170.1%. Además, aunque en la legislación se asegura que el sistema penal es progresivo, al permitir pasar del encierro a las fases de confianza y libertad condicional, la investigación muestra que 95 de cada 100 privados de libertad cumplen pena bajo el régimen de encierro; solo el 5% ha logrado acceder a un régimen abierto. Estos datos, junto a los muchos otros que presenta la investigación del Iudop, dejan claro que las condiciones actuales de las cárceles salvadoreñas deshumanizan, despersonalizan, vulneran los derechos humanos; en breve, niegan la posibilidad de la rehabilitación. Así, los hallazgos confirman que los penales son universidades del crimen.

Dado que en El Salvador se privilegia la cárcel como solución para la criminalidad, sobre todo cuando proviene de grupos vulnerables, es obligatorio hacerse algunas preguntas: ¿el aumento de privados de libertad ha reducido la incidencia delincuencial en el país?, ¿el endurecimiento de leyes y el incremento de penas, que han derivado en los altos niveles de encarcelamiento, han tenido un efecto disuasivo entre los delincuentes? La evidencia empírica dice que no. El crecimiento de la población reclusa ha ido en paralelo al aumento del número de homicidios. Entre 2003 y 2014, la tasa de homicidios se duplicó, pasó de 36 a 62 por cada cien mil habitantes. Y las proyecciones al cierre de 2015 no son nada alentadoras. Esto podría llevar a que el país exhiba una tasa superior a 100 muertes por cada cien mil habitantes, la más elevada a nivel global.

La situación de inseguridad y violencia que vive El Salvador difícilmente se podrá comprender a cabalidad si no se analiza y conoce a fondo la cruda realidad de los centros penales. Las actuales condiciones en las que se aplica la privación de libertad tienen implicaciones sociales que redundan en más violencia. Pero eso es impostergable que se ponga atención a este asunto y se valore con seriedad la continuidad de la política del encierro como pena y medida preventiva.