Ayudas condicionadas

En la difícil situación económica que atraviesa el país, buscando ayudas, el Gobierno, como lo hicieron administraciones anteriores, ha puesto los ojos en Estados Unidos. En concreto, los esfuerzos gubernamentales se focalizan en una segunda versión del Fomilenio y en el Asocio para el Crecimiento, una iniciativa estadounidense que beneficiará solo a cuatro países en el mundo: Ghana, Tanzania, Filipinas y El Salvador. Así están las cosas: los programas más significativos en materia económica, que podrían incentivar la producción, están basados en la ayuda externa. En los últimos días asistimos a una especie de avalancha de opiniones alertando sobre el peligro que corre el segundo paquete del Fomilenio si el país no cumple con los requisitos impuestos por la Junta Directiva de la Corporación del Reto del Milenio, que otorgaría a El Salvador un aporte que ronda los 300 millones de dólares, una cifra nada despreciable para un Gobierno que está contando las monedas para honrar sus compromisos de fin de año.

De acuerdo a declaraciones de la embajadora estadounidense, para que se aprueben esos fondos, El Salvador debe dar muestras de progreso en tres áreas: clima de inversión, combate a la corrupción y respeto al Estado de derecho. Leídas superficialmente, nadie podría pensar que esas condiciones impuestas desde afuera no son necesidades internas, de urgente implementación. Pero si nos vamos a la letra pequeña, la apreciación cambia. Centrémonos solo en una de las áreas de exigencia: en la necesidad de mejorar el clima de inversión. Después de todo, como dijo la embajadora, "los inversionistas son los que en última instancia van a invertir en el país y van a desencadenar un desarrollo económico sostenible, que es en realidad lo que Fomilenio busca". De lo que se trata, entonces, es de hacer atractivo a El Salvador para motivar a inversionistas extranjeros y para que inviertan los grandes potentados nacionales. Precisamente, la falta de atracción e incentivos ha sido el argumento recurrente de los grandes empresarios salvadoreños para justificar y explicar la escasa inversión en nuestra economía.

En esta línea, una de las medidas que deben implementarse para mejorar el clima de inversión es la reforma a la Ley de Asocios Público-Privados que se aprobó en mayo de este año. Organizaciones y personeros de la derecha política más conservadora han elevado la voz para advertir que si no se hace la reforma, no habrá segundo Fomilenio. La misma embajadora estadounidense lo confirmó recientemente cuando recordó que la modificación de la normativa y la aprobación de ley contra el lavado de activos son fundamentales para el desembolso. Y el presidente Funes lo recalcó: "Si no se aprueban las reformas, no hay firma. Si no hay firma, no hay desembolso. Así de sencillo". Por eso, el mandatario ha descargado en la Asamblea Legislativa la responsabilidad de cumplir con las exigencias. Entre los puntos que se consideran de honor en las reformas a la Ley de Asocios Público-Privados está la inclusión del agua como ámbito de acción de los asocios mixtos. Ante ello, es importante preguntarse por qué tanto empeño en que el agua se incluya en el asunto y pase a ser aliciente para la inversión privada.

Es comúnmente aceptado que los bienes estratégicos de una nación deben estar bajo la tutela del Estado, cuyos funcionarios se convierten en garantes de su protección y de que sean accesibles para toda la población. Siendo el agua uno de esos bienes estratégicos, no puede supeditarse a la lógica del mercado ni administrarse desde la ambición de lucro empresarial. Es comprensible que una instancia donante ponga condiciones para que los fondos otorgados se usen en beneficio de la población, sobre todo por la historia de corrupción de nuestros gobernantes. Pero otra cosa es poner condiciones que a la larga puedan dañar a esa población y busquen beneficiar a la instancia donante o a sus socios. Eso no es solidaridad, sino imposición que saca provecho de la necesidad.

Además, el proceso de aprobación de estas reformas a la Ley de Asocios Público-Privados tiene una relación directa con el estancamiento de la discusión de la Ley General de Aguas, que declarará al recurso como un derecho humano, garantizado por una institución rectora y reguladora de carácter público. Los que se oponen al avance de esta normativa son los mismos que suenan las campanas de alarma diciendo que si no se incluye al agua en la lista de atracciones para los inversionistas, no habrá ayuda estadounidense. Es cierto que el Gobierno necesita del segundo Fomilenio como pan necesita el hambriento, pero valerse de esto para sacar provecho propio no es ético ni objetivamente bueno para El Salvador.