Cercanía policial con la población

En una de sus conversaciones radiales sabatinas, el presidente Funes afirmó, según cita de Transparencia Activa, que en El Salvador "a diario se detienen más de 150 personas por diferentes delitos". Si esto es cierto, la cantidad de detenidos sería de más de 54 mil anuales. Si ese "a diario" se refiriera a su período gubernamental, habrían sido detenidas más de 200 mil personas en los últimos cuatro años. Con una población carcelaria de más de 24 mil presos, que difícilmente se renueva en un número superior a 5 mil al año, la afirmación presidencial querría decir que anualmente casi 50 mil personas son detenidas para casi inmediatamente salir en libertad. Lo que esto puede significar de incapacidad policial y judicial, o de represión contra la ciudadanía, queda por explicar.

Probablemente, el mandatario se equivocó, le dieron un mal dato o transcribieron mal sus palabras. Pero independientemente de cuál sea la verdad sobre ese "a diario se detienen más de 150 personas", lo cierto es que con demasiada frecuencia se hacen capturas masivas para soltar casi de inmediato a los detenidos. En tiempo de la administración Saca, algunos juzgados de San Salvador liberaban semanalmente cada uno a más de 200 personas, que por lo general habían sido detenidas por delitos bagatela como resistencia a la autoridad o receptación. Y en la mayoría de los casos eran llevados ante un juez sin pruebas fehacientes. Por eso podemos pensar que, aunque el número de detenciones no sea tan abultado como el que mencionó el presidente Funes, esa tendencia de años anteriores quizás se mantiene. Y los efectos de este tipo de política criminal son profundamente negativos.

Detener masivamente y sin pruebas no sirve para nada más que como golpe mediático y para dar la falsa impresión de que algo se hace en materia de seguridad. La salida y solución rápida de la detención solo multiplican la sensación de impunidad. Aumentan, además, la inquietud en los barrios marginales y sectores populares, dándoles al final a las maras más confiabilidad para mantener el orden que a la misma Policía. Enredan y vuelven lento el trabajo de la Fiscalía y los juzgados, impidiendo investigaciones de mejor calidad. Y sobre todo, defraudan la confianza de la ciudadanía en la PNC. En lugar de detener gente para después soltarla, la Policía debería desarrollar confianza con la población. Una vez ganada, puede contribuir a que las mismas comunidades se organicen para cuidar de su seguridad teniendo como respaldo rápido y eficaz, en caso necesario, a la Policía.

La famosa tregua debe aprovecharse precisamente para lograr más cercanía con la población. Y para dar a los pobladores de los barrios donde la violencia abunda la seguridad de que si se organizan preventivamente, la PNC puede respaldarlos, incluso con más rapidez y eficacia ahora, en época de tregua, que antaño. Si, por el contrario, las redadas continúan y las detenciones de jóvenes se vuelven sistemáticas, la tregua resolverá muy poco. Generalmente, los jóvenes que van detenidos por resistencia a la autoridad, uno de los delitos más frecuentes de estas capturas en supuesta flagrancia, le han gritado o faltado el respeto a la Policía porque los agentes los tratan indebidamente desde un inicio. Y con razón los jueces terminan soltándolos cuando los reciben a los tres días en una audiencia.

Una política de seguridad ciudadana en El Salvador tiene que pasar obligadamente por una Policía cercana a las comunidades, que se gane la confianza de la gente, que sepa acompañar a los habitantes de los barrios en sus preocupaciones por la seguridad y que sea eficaz a la hora de respaldar a las organizaciones comunitarias orientadas a la convivencia pacífica. Mientras esto no se dé, incluso la tregua seguirá moviéndose sobre arenas movedizas. Porque la política de seguridad o es integral e incorpora a la ciudadanía en relaciones de confianza con la Policía y las demás instituciones, o solo pone remiendos temporales sobre un tejido social deteriorado. El hecho de que los homicidios sigan triplicando los índices de epidemia no es más que una muestra de la insuficiencia de las políticas. Otros elementos, como la profunda desigualdad socioeconómica, que es probablemente el factor más decisivo de nuestra desaforada delincuencia, hay que abordarlos junto a los planes de seguridad si se quiere llegar a una verdadera paz social. Como eso implica políticas de largo plazo, por de pronto exijamos que la PNC se gane el aprecio, respeto y confianza de la población. Las detenciones masivas y arbitrarias no contribuyen a eso.