Hace un par de semanas, al abordar la pasividad fiscal del Gobierno y la clase política, señalamos que si la situación de las finanzas públicas llegara a desbordarse, la crisis nos golpearía a todos —pero con especial dureza, como ya se ha visto en Europa, a la clase media y a los pobres—. En aquella ocasión, hicimos un llamado de atención para que se tome en serio la gravedad de la situación fiscal del país, para que nuestros gobernantes asuman su responsabilidad y tomen las medidas oportunas para evitar que la situación económica se complique y el país entre en una seria crisis. En El Salvador, los problemas fiscales se derivan principalmente de la baja recaudación de impuestos y de que no se produce lo suficiente. Además, el gasto público es superior a los ingresos del Estado y no se invierte en lo que podría favorecer un crecimiento económico sostenido. Y son esas exactamente las condiciones que posibilitan que se dé una crisis: un Estado cada vez más endeudado y una economía incapaz de pagar esas deudas. Ahora bien, ¿por qué una crisis fiscal nos afectaría a todos? De lo mucho que se puede decir al respecto, nos referiremos a dos de las razones más importantes.
En primer lugar, al incrementarse la deuda pública, es necesario destinar más recursos del presupuesto nacional al pago de los intereses respectivos, dejando menos recursos para los demás gastos del Estado. Según el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, el servicio de la deuda requiere en la actualidad de una tercera parte de los ingresos que el Gobierno obtiene por medio de los impuestos. Para 2013, se destinó un total de 749 millones de dólares para el pago de la deuda, lo que representa un 16% del Presupuesto. Así, el servicio de la deuda le cuesta a El Salvador 200 millones más de lo que se le ha asignado al Ministerio de Salud. Por eso es que economistas como Salvador Arias afirman que el endeudamiento supone sacrificar las condiciones de vida de la población y que honrar la deuda se hace a base de empobrecer al pueblo. En la medida que la deuda pública siga creciendo sin que aumente el ingreso fiscal, la parte del Presupuesto Nacional disponible para salud, educación, seguridad e inversión pública será cada vez menor. Es evidente que esto nos afectará a todos.
Por otra parte, cuando un país incrementa su nivel de endeudamiento respecto al producto interno bruto y los ingresos fiscales, y llega a un determinado límite, las calificadoras de riesgo pasan a considerar que corre el peligro de no poder honrar su deuda, y bajan su calificación. Ello incrementa inmediatamente los intereses de los préstamos, tanto internacionales como nacionales, y entonces prestar dinero se vuelve más caro. Este encarecimiento del crédito afecta tanto a las empresas como a las familias, e incluso a las microempresas, que también ven subir las tasas de los microcréditos. Así, se incrementa no solo el nivel de endeudamiento del Estado, sino también el de las familias y del sector privado, que tienen que pagar más por sus deudas y destinar más dinero de sus presupuestos a ello.
El Salvador está muy cerca de esa situación. De hecho, ya ha recibido más de una disminución en su calificación de riesgo y el Estado ha tenido que endeudarse aún más para pagar sus obligaciones. Si no se cambia la política actual, si no se abandona tan negligente y nociva pasividad, el camino hacia una crisis económica, con sus graves consecuencias a nivel social y político, está ya trazado. Esta crisis será similar a las que han vivido países como Argentina y Grecia. Es decir, se elevarán los índices de pobreza, cerrarán muchas empresas, quebrará el sistema financiero, se perderán los ahorros de los ciudadanos, se disparará el desempleo, aumentará el costo de la vida... Aún estamos a tiempo de evitarlo. Y para eso hay que asumir con seriedad el tema y tomar ya las decisiones necesarias, por dolorosas y difíciles que sean.