Cuestión vital

Que el agua es la vida de la humanidad y de todo lo que se mueve en el planeta es algo que nadie pone en duda. Y la solidez de esta convicción debería llevarnos a protegerla como el más preciado bien y a garantizar que todos tengamos acceso a ella. Sin embargo, la situación que vivimos, especialmente en el país, refleja que no somos coherentes con esa verdad vital. De qué nos sirve generar riqueza si podemos llegar a morir de sed. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ninguno de nuestros ríos tiene agua con la suficiente calidad para el consumo humano. Además, el último informe de la CEPAL afirma que El Salvador es el país centroamericano que está más cerca de una situación de estrés hídrico. En palabras sencillas, estamos a punto de no tener agua suficiente para toda nuestra población.

Esta situación exige que hagamos algo urgente para proteger el recurso, para garantizarlo como un derecho humano. Eso o el país no tendrá viabilidad a muy corto plazo. Hace 6 años, el Foro del Agua presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley general de aguas. Pero ha sido hasta estos días que el tema se ha vuelto una preocupación de diversos sectores de la sociedad. Y esto puede ser bueno siempre y cuando se reconozca al recurso como un derecho de todos, no como una mercancía de la cual se pueden lucrar actores privados. Hay otras propuestas de ley distintas a la del Foro, que en el fondo encierran el peligro de hacer del agua un privilegio que disfrutarán solo los que puedan pagarlo. Ya en nuestras ciudades tenemos sobrados ejemplos de comunidades pobres cuyos habitantes deben hacer largas filas para conseguir un poco de agua, mientras que en otros lugares el líquido se desperdicia sin recato.

Por esta situación, es impostergable contar con una ley general de agua que por lo menos cumpla con cinco requisitos. Primero, que reconozca explícitamente al agua como un derecho humano y, por tanto, no sujeta a ninguna forma de privatización que privilegie el lucro sobre la necesidad vital de la población. De lo contrario, se volverá un bien todavía más escaso, y no tanto por la falta de fuentes naturales, sino porque sería una mercancía al alcance de solo quienes puedan comprarla. Segundo, la ley debe garantizar una sólida y nueva institucionalidad del agua que incorpore y visibilice la participación de los diversos sectores de la población: mujeres, campesinos, indígenas, comités de cuenca, entre otros.

Tercero, la ley debe reconocer el derecho a la gestión comunitaria del agua. Muchas comunidades rurales dan cátedra de cómo manejar sustentablemente el agua a través de la organización de los mismos pobladores. Estos deben ser reconocidos por la ley. Cuarto, debe quedar plasmada en la ley la obligatoriedad del Estado en la gestión pública del agua como garante de su distribución equitativa y, en definitiva, de los derechos de la población salvadoreña. Y finalmente, como quinto requisito, atendiendo a las características de la región y del país, la ley debe también contemplar el principio de manejo compartido de las cuencas transfronterizas. Estos son solo algunos elementos que no deben faltar en una ley de agua para que garantice la vida de toda la población. Son condiciones innegociables. Si no se contemplan, se corre el riesgo mortal de entregar la vida de la gente a especuladores que hacen de todo un negocio.