Un signo claro del desarrollo de una sociedad es la disminución de la tolerancia hacia la desigualdad y la violencia de género, y el irrespeto a los derechos humanos. En El Salvador, aun con las muchas dificultades que existen y la persistencia de la cultura machista, se ha avanzado a ese respecto, y en gran medida gracias a las organizaciones de mujeres, que han encabezado las luchas por la erradicación de la violencia de género y la plena vigencia de los derechos humanos para toda la población. Un paso fundamental en ello han sido la exigencia y aprobación de un marco normativo a favor de las mujeres, del cual forman parte la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de las Discriminación contra las Mujeres. Sin embargo, estas leyes son poco conocidas por la población y no cumplirán su cometido mientras no se conviertan en instrumentos formativos. Educar a los niños y niñas desde temprana edad desde una perspectiva de equidad y no violencia es una de las condiciones para superar la problemática.
Según cifras del Ministerio de Salud, en 2014 se registraron 4,833 casos de violencia contra las mujeres, y hasta octubre de este año se contabilizan 4,686. Si bien estas cifras ya son altas y preocupantes, con toda certeza se puede afirmar que no reflejan la realidad, pues muchos incidentes de violencia contra mujeres y niñas se dan en el ámbito doméstico y no son denunciados. Este es un aspecto de obligada reflexión. No se debe tolerar ningún tipo de violencia en ningún ámbito. Tomar consciencia del daño que la violencia doméstica hace, tanto a las víctimas y victimarios como al resto de la familia, es de fundamental importancia. Este tipo de violencia suele ser recurrente y si no se enfrenta con decisión, se convierte en un círculo vicioso del que nunca se sale. Está comprobado que denunciar los hechos y alejar al victimario de sus víctimas es el único camino para liberarse de este flagelo.
Pero la violencia contra mujeres y niñas no es exclusiva del hogar; se da en todos los ámbitos, y en especial en lugares públicos como las calles, los mercados y los sistemas de transporte, donde, tal y como afirma Alicia Bárcenas, de la Cepal, tiene lugar “una de las formas más minimizadas y naturalizadas de la violencia contra las mujeres”. Si bien las cosas han cambiado desde la situación de abuso y acoso de hace una década, aún queda muchísimo por hacer en lo que a conciencia social sobre la necesidad de erradicar estas prácticas se refiere. Este no es un problema personal o familiar, sino de toda la sociedad, y requiere de un importante esfuerzo de concienciación y de transformación de hábitos y actitudes. Lo que debe ir acompañado, por supuesto, de un esfuerzo por mejorar los registros administrativos de los casos de violencia y la atención integral a las víctimas.
Por desgracia, en El Salvador se sigue encubriendo a los agresores de mujeres y niñas; aún hoy en día, figuras públicas acusadas de acoso sexual o violencia de género se valen de sus cargos para bloquear las denuncias en su contra, utilizan el poder o la influencia que ostentan para impedir que se apliquen las leyes y se les castigue. Para combatir este flagelo social es necesario ponerse del lado de las mujeres y niñas violentadas, de las víctimas, y estar siempre a favor de la verdad y la justicia, por doloroso o complicado que sea. Y esa opción debe reflejarse de forma clara en los programas educativos y, por supuesto, en toda acción de prevención, apoyo y reparación de las víctimas.