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Veintiún años han pasado desde la firma de la paz, y ahora se han vuelto a hacer valoraciones sobre su trascendencia para la vida del país. Sin duda alguna, dicho acontecimiento representó un hito fundamental en nuestra historia. Sin embargo, a pesar de que se reconocen avances significativos en materia de democracia político-electoral, no hay consenso sobre el alcance de los Acuerdos en lo que respecta al ámbito socioeconómico. Además, es claro que el fin de la guerra no se tradujo en la paz social anhelada por la población.
En este contexto, es importante recordar también el informe de la Comisión de la Verdad, De la locura a la esperanza, publicado el 15 de marzo de 1993 por mandato de los Acuerdos. Esa esperanza a la que hacía alusión el título del informe fue sepultada cinco días después de su publicación por la ley de amnistía, decretada por el Gobierno de entonces. Precisamente, en este XXI aniversario de los Acuerdos, el tema de la ley de amnistía ha elevado su perfil en la discusión pública. Este año, nuevas voces se han sumado al coro que aboga por su derogación, mientras que otros actores de peso se han pronunciado por no dar ese paso.
Hoy por hoy, en buena medida, la discusión va más allá de las posturas frente a la ley en sí misma, que casi unánimemente se reconoce como inconstitucional y alejada de los estándares internacionales. El debate sobre su derogación se ha animado, más bien, por la creciente conciencia de que la situación actual del país tiene que ver con lo que se hizo y se dejó de hacer después de los Acuerdos de Paz. Los 21 años transcurridos desde que terminó la guerra han demostrado que la paz no llega haciendo borrón y cuenta nueva; no se puede construir paz sobre el ocultamiento de la verdad. Conocerla es condición indispensable para la paz en la medida en que abre al perdón y a la justicia. Lo único que puede cerrar las heridas de la guerra es el conocimiento de la verdad, por muy dolorosa que esta sea. Mientras no se conozca la verdad y no se haga justicia, las heridas seguirán sangrando.
Hace poco, uno de los firmantes de los Acuerdos declaró que hace 21 años tuvieron que escoger entre el fin del conflicto y la aplicación de justicia por las barbaries cometidas, y que optaron por lo primero. Es importante traerlo a cuenta porque esa forma de pensar imposibilitó que la paz social llegara al país. Pues no hay paz sin justicia; como dice el salmo 85, la paz y la justicia deben besarse. En este sentido, la derogación de la ley de amnistía nos remite al tema de la verdad y de la justicia. El informe de la Comisión de la Verdad dio cuenta de gran parte de lo que pasó durante la guerra, pero la ley de amnistía echó al traste el informe y eliminó la posibilidad de hacer justicia; por tanto, cerró las puertas a una verdadera reconciliación en El Salvador.
Pensar que la paz se construye sobre el cimiento de la impunidad es equivalente a creer que puede haber justicia sin conocer la verdad. Y esta es la herencia que venimos arrastrando desde el fin de la guerra. La situación de violencia y polarización que vive El Salvador tiene mucho que ver con la carta de ciudadanía que se le dio a la impunidad hace 20 años. Por ello, en tanto elemento decisivo para propiciar una verdadera reconciliación, la derogación de la ley de amnistía no pierde vigencia.
Sin embargo, se equivocan los que exigen la derogación de la ley de amnistía albergando deseos de venganza. Antes que afanes y fines personales, lo que en realidad está en juego es el conocimiento de la verdad, la justicia y el perdón. Con cada año que transcurre es más claro que la paz no trajo justicia para las víctimas de torturas, desapariciones forzadas, masacres y ejecuciones extrajudiciales durante la guerra. El vigésimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y de la ley de amnistía debe servirnos para reflexionar sobre este tema, teniendo como objetivo el bien de esta sociedad salvadoreña tan necesitada de reconciliación.
