Desprecio por la reconciliación

El Salvador está perdiendo la oportunidad de crecer en el valor de la reconciliación. En una de sus primeras decisiones, la nueva Asamblea Legislativa envió a archivo el proyecto de ley de justicia transicional que diversas organizaciones de derechos humanos habían presentado a la anterior legislatura. La justicia transicional trata de restaurar los derechos y valores de un colectivo después de injusticias y abusos graves y continuados a lo largo del tiempo, por lo que es indispensable para lograr un espíritu de paz y amistad social al interior de países que han sufrido guerras civiles o dinámicas internas de persecución generalizada. El Salvador estuvo en guerra once años, pero los abusos y violaciones masivas a derechos humanos venían dándose desde  antes. De hecho, la mayoría de los cristianos asesinados impunemente y declarados posteriormente mártires por la Iglesia sufrieron la muerte antes de que se desatara la guerra civil.

La justicia transicional, a través del conocimiento de la verdad sobre las tragedias acontecidas, la promoción de la justicia, la reparación de las víctimas y la aplicación de medidas para la no repetición de los hechos, busca la reconciliación y la convivencia social respetuosa. La ONU ha apoyado sistemáticamente este modo de solucionar los conflictos del pasado. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía hace algunos años que las iniciativas relacionadas a la justicia de transición “fomentan la rendición de cuentas, refuerzan el respeto por los derechos humanos y son cruciales para generar los fuertes niveles de confianza cívica que son necesarios para impulsar la reforma del Estado de derecho, el desarrollo económico y la gobernanza democrática”. Por su parte, el papa Juan Pablo II resumía el modo cristiano de buscar caminos de reconciliación con las palabras verdad, justicia y perdón, las mismas que utilizó sistemáticamente la UCA después del asesinato de los jesuitas.

Todo parece indicar que la conciencia humanista y religiosa tiene escasa presencia en la Asamblea Legislativa. Al descarte de la propuesta de ley de justicia transicional se suma el paso a archivo de una propuesta de ley sobre derechos de los pueblos indígenas y de normativas para abordar la desaparición de personas y establecer políticas eficaces de búsqueda. La comisión de la Asamblea que en el pasado manejaba los proyectos de ley hoy archivados era la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que fue sustituida por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. Cambiar los derechos humanos por la seguridad nacional muestra claramente la mentalidad del oficialismo.

Olvidar la historia, considerar irrelevantes a los grupos étnicos, despreciar los dolores de la gente sencilla con hijos desaparecidos lleva a la deshumanización de la sociedad y facilita que se repitan los odios y enfrentamientos del pasado. El diálogo con el que piensa diferente y la solidaridad con quien está en situaciones injustas es el único camino hacia una convivencia en la que el Estado está al servicio de las personas. La seguridad nacional coloca siempre a la gente en dependencia del poder de los gobernantes y fomenta un insano nacionalismo. Cuando se insiste en la seguridad nacional, en la práctica se termina promoviendo la inseguridad de la población.