Empresarios salvadoreños transnacionales

La empresa privada organizada en la ANEP celebró esta semana su encuentro anual, conocido con el nombre de Enade, bajo el lema "Institucionalidad para el desarrollo". Este fue su XI encuentro, y es claro que para la ANEP el evento es importante no solo desde el punto de vista empresarial, sino también político. El Enade es un pulso más de la empresa privada en defensa de sus intereses de clase.

Buena parte de los empresarios salvadoreños organizados en la ANEP tienen mucho poder económico y, consecuentemente, gran influencia política. Representan a una nueva clase empresarial con carácter transnacional y plenamente insertada en la globalización. El fenómeno de la globalización, que se inicia en los años ochenta, es, entre otras cosas, una etapa superior del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, que se fundamenta en tres dinámicas: la transnacionalización del capital y de la producción, y la liberación e internacionalización del comercio.

Este proceso de desarrollo del capitalismo a nivel global está liderado por un grupo económico al que se le puede denominar "burguesía transnacional". Es muy común pensar que esta burguesía vive exclusivamente en los países más ricos y en las ciudades más modernas del mundo. Nada más lejos de la realidad. Los miembros de esta clase social, la de mayor poder económico en el planeta, están presentes en todos los países, y por ello han influido tanto en la integración de las naciones al proceso de la globalización.

Por supuesto, dentro de esta clase social hay salvadoreños. Algunos de estos, los menos, provienen de la antigua oligarquía que logró modernizarse y dar el salto a la transnacionalización. El resto forma parte de los nuevos grupos económicos, que en los setenta tenían poco poder, pero que en los años ochenta, gracias a su visión modernizante, lograron insertarse en la nueva economía global y en ella realizar su proceso de acumulación de capital. Hoy son los empresarios más fuertes y ricos de nuestro país. Hoy, como señala el sociólogo William Robinson, antes que nacionales, son empresarios transnacionales.

A finales de los años ochenta, estos nuevos grupos económicos lograron hacerse con el poder político a través del partido Arena, y durante sus 20 años de gobierno definieron el rumbo del país para su inserción en la economía transnacional. Contaron para ello con el apoyo decidido tanto de Estados Unidos y su agencia de cooperación para el desarrollo (la AID), como de instituciones transnacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, las cuales pusieron a sus funcionarios al servicio de la inserción de El Salvador en la economía global.

Según los estudios de Robinson, tres elementos han sido claves para la transición de la economía salvadoreña hacia este nuevo modelo de capitalismo global: las recetas neoliberales, el libre comercio y la democracia electoral de baja intensidad y controlada por las élites políticas. Todos hemos sido testigos del desarrollo de estos tres aspectos en nuestro país desde los noventa y del enorme sacrificio que han significado para la población. Hoy, gracias a ese proceso, la economía de El Salvador tiene un alto nivel de inserción y dependencia de la economía global, lo que explica por qué la crisis financiera de 2008 ha golpeado tanto a nuestro país.

En este marco, el éxito de muchas de las empresas asociadas en la ANEP está vinculado a la transnacionalización de la economía y a que El Salvador siga siendo un país con mano de obra barata, con bajos niveles de impuestos, con plena libertad de mercado y con la mínima injerencia del Estado en la regulación de la economía. Esta es la principal apuesta para la ANEP, y todo aquello que pueda significar cambios en estos aspectos se convierte en su principal preocupación, en la medida en que se pone en peligro su estrategia de acumulación.

Los empresarios saben que tienen poder, y el Enade es una forma de exhibirlo y de ejercerlo. Por su parte, el Gobierno sabe que necesita contar con los empresarios para llevar adelante la economía del país. Pero ambos, Gobierno y empresarios, tienen que tener en cuenta que lo primero son las necesidades de la mayoría de la población y su derecho a una vida digna, y que ello está por encima de los intereses sectoriales. El Gobierno, si quiere seguir representando al cambio, no puede privilegiar los intereses empresariales ni claudicar ante ellos dejando a un lado los de las mayorías. Más bien tiene que seguir comprometido con las acciones que enrumben a nuestro país hacia una mayor justicia social y económica.