Fotomultas

Que la movilidad vehicular se ha convertido en un gran problema en el país, está fuera de discusión. De acuerdo a cifras oficiales, en 2024, 1,303 salvadoreños murieron a causa de accidentes de tránsito, 47 más que en 2023. Cuatro personas fallecieron a diario en 2024, uno más que en el año previo. También creció el número de lesionados en 2024 (11,954) con respecto a 2023 (11,015). El aumento de víctimas está en relación directa con el aumento de accidentes. Se registraron 18,463 accidentes en 2023 y 20,301 en 2024, un 10% más. Según las autoridades, las principales causas de muerte en los percances viales en el país son la distracción al conducir, luego la velocidad excesiva y, en tercer lugar, invadir el carril contrario. En otros países, para enfrentar la problemática, se han implementado las fotomultas, con buenos resultados. Las fotomultas contribuyen a disminuir la velocidad en zonas de escuelas, hospitales y viviendas. Lógicamente, cuando los conductores reducen la velocidad, disminuyen las posibilidades de accidentes.

En El Salvador, las fotomultas entraron en funcionamiento el 9 de enero pasado. Colombia, Guatemala y México tienen años de experiencia al respecto. En México, en 2018, cuando Claudia Sheinbaum se aprestaba a tomar las riendas del gobierno de la Ciudad de México, prometió “acabar con las fotomultas, por dos razones. La primera es porque son un problema para la economía familiar, y la segunda, porque en la Ciudad de México las fotomultas son un negocio. No están hechas para cuidar a los peatones, no están hechas para cuidar a la gente. De cada 100 pesos que se pagan de una fotomulta, 46 pesos se van a la bolsa de un privado. Claro que hay que controlar la movilidad en la ciudad […], debe haber un reglamento de tránsito, educación vial, pero no estos negocios que nomás le roban a la gente el dinero”.

En la línea de lo dicho por la hoy presidenta, las fotomultas en sí mismas no son el problema, sino el mecanismo con el cual se implementan y el fin que se persigue con ellas. No hay duda de que es necesario implementar medidas que disminuyan los accidentes, pero para ello hace falta, antes que nada, claridad en los datos. Por ejemplo, en México es posible saber a quién benefician económicamente las fotomultas y en qué porcentaje; en El Salvador, eso es un misterio, a pesar de que el proyecto se venía preparando desde hacía un buen tiempo.

El 28 de junio de 2021, el entonces titular del Viceministerio de Transporte, Saúl Castellar, anunció que antes del fin de ese año esperaban adjudicar el proyecto de las fotomultas y que para mediados de 2022 ya estarían operando. Más de tres años después, no es posible contestar ninguna de las preguntas de rigor: ¿quién maneja las fotomultas en el país? ¿A quién se las adjudicaron? Si fueron adjudicadas, ¿en qué condiciones se concesionó el sistema? ¿Cuánto percibe el Estado por cada fotomulta y cuánto se lleva el concesionario? Estando toda la información en reserva, lo único que cabe decir de las fotomultas es que parecen ser otro mecanismo gubernamental para mantener sometida en el miedo a la ciudadanía y un manera fácil para recaudar dinero para el Estado, pues no hay instancia ante la cual apelar en caso de recibir una injustamente. La receta es ya conocida: fuerza bruta y arbitrariedad.