Hay realidades que, por mucho que se mire para otro lado, siempre reclaman atención. Ese es el caso de los vendedores del sector informal del centro de San Salvador, que una vez más fueron desalojados de sus puestos la noche del viernes pasado. De acuerdo a las versiones oficiales, los actos vandálicos que se dieron durante el desalojo fueron cometidos por una parte de los vendedores, quienes incendiaron locales para detener al Cuerpo de Agentes Metropolitanos y a la Policía. Según esta versión, el CAM y la PNC se limitaron a cumplir con su misión en el operativo de desalojo de los puestos de venta.
El caso no es nada sencillo. ¿Cómo conjugar el deseo de tener una capital ordenada y limpia con el derecho a ganarse la vida de quienes ocupan las calles del centro de la ciudad? Este dilema provoca reacciones diversas y hasta encontradas. El obstáculo a la circulación y el desorden que acompañan a los cientos de vendedores que invaden el espacio público molesta a muchos de los que viven y/o transitan por el área; también a los comerciantes cuyos negocios se invisibilizan por la ventas en la calle. Sin embargo, también indigna y conmueve ver cómo estos mismos vendedores son perseguidos en bloque como si fuesen criminales y cómo se les destruyen los puestos que con esfuerzo han construido a lo largo de los años. En síntesis, muchos entienden a los vendedores como un problema, otros ven en ellos una expresión de drama social. Y ambas aristas del asunto requieren atención.
El alcalde capitalino, en el marco de un desalojo similar en 2010, dijo: "No nos amilanan este tipo de hechos violentos, ya sabemos que detrás del comercio informal se esconden grupos que siembran el terror y que delinquen permanentemente y que han hecho de esta actuación inescrupulosa su forma de vida". Con toda probabilidad, entre los vendedores hay quienes actúan y viven de la manera que señala el edil. Pero difícilmente son la mayoría. La solución para las ventas en la calle no es privarlos a todos de su única forma de subsistencia; eso sería como luchar contra la pobreza matando a los pobres. El desalojo por la fuerza no es una solución razonable porque la cuestión de fondo no es el vendedor, sino la imposibilidad de ganarse la vida de otra forma. La vía del desalojo solo ataca a la víctima del problema, no a su causa.
Los vendedores ambulantes e informales son hijos de la falta de empleo. Aunque el Gobierno se regocije en afirmar que el desempleo en el país solo alcanza al 6.6% de la población económicamente activa, la verdad es que más de la mitad de los salvadoreños subsiste en el sector informal. Lo que sucede es que si un desempleado abre un puesto de venta en la vía pública, ya no cuenta como desempleado, ocultándose así el drama humano de las personas honestas que se ganan la vida al margen del mercado laboral formal. Buena muestra de ese drama son las siguientes palabras de una joven que vende en el centro histórico: "Sobrevivir depende de mi esfuerzo diario. La escuela está olvidada. Si no trabajo, no como; y si no voy a la escuela, no pasa nada. En la calle, no se necesita más escuela que la de la vida".
Para muchos, historias y vidas como esa no cuentan. La mayoría de quienes toman las decisiones, casi siempre desde cómodas oficinas, a las cuales se trasladan en carros de lujo con vidrios polarizados, nunca tienen la oportunidad de experimentar la dura realidad de las personas que luchan por subsistir mientras se les trata como delincuentes. La indiferencia y las falsas percepciones sobre los vendedores no les permiten ver las necesidades de aquellos a quienes mandan perseguir y expulsar de las calles. ¿Ordenar la ciudad? Claro que sí, pero siempre y cuando se ofrezca una alternativa seria y viable a los que no disponen de otra opción que ganarse la vida en las calles.