La comunicación, un derecho, no una mercancía

Si se preguntara ¿a quién pertenece el aire?, ¿de quién es el océano? o ¿quién es el dueño del agua?, con mucha probabilidad la mayor parte de la gente pensaría que estas preguntas están de más, porque estos no son bienes particulares, sino universales, de toda la humanidad. Sin embargo, desde que el mercado es la mano invisible que rige al mundo, a todo lo que la gente necesita se le va poniendo un precio. Por más que en los libros, en las constituciones nacionales y en los discursos se nos diga que el mar es de todos, sabemos que muchas playas han sido privatizadas y ya tienen dueño. Lo mismo podemos decir del agua, un bien que es de toda la especie humana, pero cuya propiedad está generando conflictos en varios países del mundo.

Lo mismo pasa con el espectro radioeléctrico, por el cual se transmiten las frecuencias que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía móvil, etc.). El espectro radioeléctrico es también de toda la humanidad, y los Gobiernos son los encargados de administrarlo y regularlo. Es decir, los Gobiernos deciden, a través de una ley, a quién le dan permiso de usar una determinada frecuencia de radio, de televisión o de telefonía celular. El Salvador tiene una ley de telecomunicaciones, aprobada en 1997 para regular el espectro radioeléctrico, que no responde al uso democrático de las frecuencias porque está hecha para beneficiar a los que tienen más dinero y más influencias. Para muestra, dos ejemplos.

Por un lado, la actual ley de telecomunicaciones solo reconoce la existencia de medios privados o comerciales. En contrapartida, en el mundo actual, se reconocen tres grandes sectores de la comunicación: el privado, que utiliza los medios para fines de lucro; el público; y el comunitario o ciudadano. Reconocerlos equivale a aceptar que los tres sectores tienen derecho a hacer uso de las frecuencias radioeléctricas. En varios países de Europa y de América del Sur, se ha reconocido este derecho en las respectivas legislaciones. Sin embargo, en nuestro país, la ley solo reconoce medios comerciales; no hay cabida para los medios públicos ni mucho menos para los comunitarios. En otras palabras, para la ley vigente, los únicos que valen son los medios que persiguen el lucro.

Además, el mecanismo que se reconoce en la ley para acceder a una frecuencia es el de la subasta. Así, las frecuencias se adjudican a quien ofrece más dinero. Quien lo tiene, gana la frecuencia. Obviamente, los que se benefician de este mecanismo, causante de que en nuestro país los medios de comunicación estén en pocas manos, son los grupos económicos más poderosos. Las comunidades, los sindicatos, los gremios, las organizaciones sociales, las Iglesias tienen el mismo derecho a tener frecuencias, pero, mientras no se reforme la ley, permanecerán fuera del espectro ante la imposibilidad de igualar las ofertas de los que más tienen.

Teóricamente, una frecuencia se asigna para que sea utilizada mientras dura la concesión. Pero en El Salvador los que tienen radios o televisoras disponen de las frecuencias como si fueran sus dueños, no sus administradores. Además, muchas no se utilizan o son alquiladas a terceros. Por ejemplo, hace poco, un exentrevistador de una cadena de televisión vendió una frecuencia de televisión a un partido político por una suma millonaria. ¿Era de él la frecuencia? ¿Por qué se permite esto? ¿No es ilegal, además de injusto, que un bien de la humanidad se use para enriquecer a una sola persona? Y este partido político ¿peca de ignorante o es que ya claudicó ante las reglas del mercado por sobre la ley nacional? Las frecuencias, en lugar de estar al servicio de la gente, se han convertido en objeto de negocio y lucro personal.

Por estas y otras razones es que la UCA, junto a Arpas y Fespad, ha presentado a la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el mecanismo de subasta para adjudicar las frecuencias del espectro radioeléctrico. Porque con este mecanismo se violan principios constitucionales como el de la igualdad ante la ley, el de la libertad de expresión y el del fomento de un orden económico con justicia social, entre otros. No podemos aspirar a democratizar un país sin democratizar las comunicaciones. No podemos aspirar a una sociedad más incluyente, solidaria y participativa con unos medios de comunicación que en su mayoría tienen como razón primera de su existencia la obtención de ganancias. Necesitamos otros medios, alternativos, ciudadanos, que tengan como objetivo informar, educar, transformar. Por eso es necesario que el espectro radioeléctrico se distribuya con equidad y justicia.