La cuestión del empleo

Según la encuesta de propósitos múltiples de la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc), en El Salvador el porcentaje de desempleo es solamente de un 6.6% de la población económicamente activa. Si un extranjero viera esa cifra, quedaría maravillado. Porque ese nivel de desempleo no lo tienen las economías más desarrolladas y con dificultad lo igualan o lo superan las grandes economías emergentes. Sin embargo, el asombro se pasaría pronto. Sobre todo, al contemplar que prácticamente la mitad de la población trabajadora labora en la economía informal, donde el subempleo es endémico y mayoritario. Al final, sumando desempleo y subempleo, los números son mucho más negativos de lo que refleja la Digestyc. Se puede concluir, sin exagerar, que la mitad de la población económicamente activa en El Salvador tiene serios problemas de empleo.

Este panorama laboral aclara muchos de los aspectos conflictivos de la vida salvadoreña. Es, sin duda, el resultado de un modelo económico excluyente y socialmente poco responsable. Y al mismo tiempo, se convierte en causa de males como la pobreza y la violencia, el individualismo y la tendencia al sálvese quien pueda. La falta de empleo digno es también una de las causas principales de la migración. Por tradición, se dice que los salvadoreños somos muy trabajadores. El informe de desarrollo humano 2007-2008 del PNUD tenía como subtítulo "El empleo en uno de los pueblos más trabajadores del mundo". Pero de ese mismo informe se podía deducir que la situación laboral salvadoreña estaba enferma. Aquejada de injusticia, de regulaciones insuficientes, de falta de protección y estímulo. Una situación nada halagüeña, que pone en riesgo nuestras propias posibilidades de desarrollo.

Los datos recientes de la Digestyc nos dicen con claridad que, en ya demasiados años, no ha habido cambios estructurales en la composición y funcionamiento del empleo en El Salvador. Y el asunto es grave. Un país no puede ser competitivo ni desarrollarse si la mitad de su población trabajadora tiene problemas de empleo o subempleo. En este contexto, tanto la empresa privada como el Gobierno tienen una enorme responsabilidad. Son las dos grandes instituciones capaces de promover el empleo y el salario digno en El Salvador. Y, en ese sentido, no tienen derecho a estar enemistados. El país, la gente, es más importante que los políticos y que los empresarios. Son las grandes mayorías de salvadoreños los que posibilitan los ingresos primermundistas de los ricos y los que financian con sus impuestos los excelentes salarios de los funcionarios públicos. Tanto los unos como los otros tienen la responsabilidad de retribuir a la gente lo que la gente les da. Y para ser eficaces necesitan dialogar, lograr acuerdos, hacer esfuerzos conjuntos para multiplicar el empleo digno en un país de trabajadores, que con demasiada frecuencia tienen que emigrar para conseguir un ingreso decente.

El Gobierno tiene la obligación de mantener un diálogo fluido con el empresariado nacional. Tiene también la responsabilidad de señalarle a la empresa privada, a veces demasiado empeñada en multiplicar sus márgenes de ganancia, que su responsabilidad con el país que le da beneficios es mucho más seria que la autoalabanza que con tanta frecuencia practica. El empresariado, por su parte, debe escuchar los reclamos de responsabilidad que el Gobierno le haga y debe hacer propuestas que posibiliten la multiplicación del empleo digno. Un empresariado incapaz de crear empleo y de pagarlo bien puede terminar convirtiéndose en una especie de sanguijuela para el país. Pero un Gobierno incapaz de dialogar con los empresarios puede también llevar a la ruina a una sociedad. La necesidad de diálogo entre Gobierno y empresa privada es algo perentorio, y de nada sirve que se echen la culpa uno al otro por la ruptura de la comunicación. Ambos deben cambiar y comenzar un diálogo serio y responsable, como el que nos deben a todos.