Legalizar la injusticia

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) anunció recientemente la subasta de seis frecuencias de canales de televisión y otras más de radio. El anuncio sorprendió, sobre todo a los que antes se les dijo que no había frecuencias disponibles cuando solicitaron una. Ante el anuncio, diversas organizaciones que trabajan por la libertad de expresión e información, entre ellas la UCA, criticaron la medida por considerarla un atentado contra la democratización de la comunicación. El recién nombrado titular de la Siget, Ástor Escalante, de sobra conocido por su estrecha relación con poderosos grupos políticos y económicos, dijo, entre otras cosas, que la institución estaba actuando en el marco de la ley y aumentando el espacio democrático.

Ciertamente, la actual Ley de Telecomunicaciones llama a subastar las frecuencias, tal cual está haciendo la Superintendencia, pero no hay que perder de vista que esa normativa ha sido cuestionada por excluyente y antidemocrática. El marco jurídico supremo es la Constitución; y si una disposición legal la contradice, prevalece la Carta Magna. Si algún artículo de cualquier ley no está en armonía con los valores y principios constitucionales, cualquier persona responsable de aplicar la ley puede, con la debida argumentación, abstenerse de hacerlo. Por ejemplo, antes, el Código Civil establecía que los herederos de bienes eran los hijos legítimos y, a falta de estos, los hijos naturales. Esto no era conforme a la Constitución, que establece que no existe diferencia alguna entre los hijos; por ello, la disposición no debía aplicarse. Ahora, el Código Civil es coherente con la Constitución, pero durante muchos años no lo fue.

Algo semejante pasa con la actual Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 1997 como parte del paquete de medidas neoliberales de la posguerra. Entre otras aberraciones ya denunciadas varias veces en este espacio, la Ley solo reconoce a la subasta pública como mecanismo para acceder a una frecuencia de radio o televisión, y establece que quien ofrezca más dinero se queda con ella. Este mecanismo ya fue reprobado por organismos internacionales y superado por muchas legislaciones en el mundo. La concentración de medios de comunicación en El Salvador se debe, en gran medida, a esta ley, que favorece a los grandes monopolios. Así, la normativa contradice principios constitucionales como los de igualdad ante la ley, libertad de expresión y orden económico con justicia social, entre otros.

Por eso se presentó una demanda de inconstitucionalidad en agosto de 2012. La Sala de lo Constitucional tiene la última palabra. Aunque admitió la demanda en febrero del año pasado, no emitió la medida cautelar de suspender la subasta de frecuencias. La diligencia de los magistrados para suspender las transferencias de fondos entre carteras de Estado para financiar la toma de posesión del nuevo Gobierno contrasta con su lentitud para pronunciarse en un tema de mucha más trascendencia para el país, como es el caso de esta ley antidemocrática.

El titular de la Siget tiene razón al decir que actúa con la ley en la mano. Pero no reconoce que esa ley beneficia a los de siempre, a los que tienen más dinero. No es democrático que la única vía de acceso a una frecuencia sea el dinero, y en gran cantidad. Por supuesto, para obrar así, la Siget cuenta con apoyos políticos. Un diputado de GANA, aliado coyuntural de este Gobierno, prolífico emisor de frases desafortunadas, como que "no le importa lo que digan los convenios internacionales" a propósito de la propuesta de juzgar a los niños delincuentes como adultos, dijo que el dial de la radiodifusión está ya saturado y que quien quiera un medio debe competir. Probablemente, con una lógica similar se ratificó el TLC en la madrugada de diciembre de 2004, para, en teoría, ponernos a competir en igualdad de condiciones con Estados Unidos.

En el fondo, el asunto no es solo de legalidad, sino de ética y de justicia. Desde un punto de vista ético, aplicar la actual Ley de Telecomunicaciones, como pretende el titular de la Superintendencia, es legalizar la injusticia. Sin embargo, hay que decir también que algunos funcionarios públicos y políticos solo son la cara visible de los verdaderos poderes del país. Poderes grises que no aparecen en público, pero manejan a los actores de la función y deciden el final de la trama. Esos poderes quieren tener el control de los medios de comunicación. Solo una sentencia oportuna de la Sala de lo Constitucional puede detenerlos. Mientras se dicta, queda la palabra firme para denunciarlo.