Necia sordera

El año pasado, ante los rumores del posible nombramiento de militares en tareas de seguridad pública, advertimos del peligro que esto podía representar para el proceso democrático iniciado con los Acuerdos de Paz. Esa advertencia de la UCA pasó desapercibida; no hubo reacciones ni a favor ni en contra, no pasó de ser una especie de grito en el desierto.

Posteriormente, en diciembre, cuando el rumor se hizo realidad con la designación del general Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública, varias voces, entre ellas la nuestra, de nuevo advirtieron sobre el retroceso que este nombramiento podía significar al irrespetar el espíritu de los Acuerdos y las misma Constitución de la República. En reacción, se unieron al debate algunas analistas para desestimar nuestra preocupación. Argumentaron que el nombramiento de una persona con formación militar no equivale necesariamente a militarizar la seguridad pública, más aun cuando se trata de un militar con sobrada trayectoria democrática. Nosotros señalábamos que el problema no radica solo en el nombramiento de una persona, sino en el probable efecto dominó que se podría generar a partir de la designación.

Lo que vaticinábamos ha comenzado a hacerse realidad este año, con la designación de otro general al frente de la PNC y el consecuente nombramiento de otros militares de carrera, algunos de muy dudosa reputación y que enfrentaron procesos legales en el pasado, al frente de estructuras claves de la Policía. Además de insistir en la violación a la Constitución y a los Acuerdos de Paz, el principal señalamiento de varios sectores de la sociedad civil radica en lo equivocado de la apuesta del Gobierno por la vía de la represión para combatir el crimen, alineándose de esta manera con los Gobiernos de Arena. La evidencia científica revela que las políticas públicas centradas en el fortalecimiento de la represión no han sido efectivas en ningún lugar del mundo. Y en nuestro país, llevamos más de 20 años apostándole a la fuerza y 20 años fracasando. Un fracaso que nos ha llevado a ser uno de los países más violentos del orbe.

Frente a esto, surgen de nuevo voces que sostienen que no hay motivo ni razón para preocuparse. Argumentan que los tiempos son otros y que hay que responder de otra manera a nuestro poderoso enemigo, el crimen, justificando así de manera solapada el nombramiento de militares. En síntesis, la preocupación por la inminente militarización de la seguridad pública no ha sido escuchada por las autoridades y ha sido desestimada por quienes ponen su pluma al servicio de las causas de quien mejor les pueda reconocer su trabajo de generar opinión.

Desde la UCA seguimos anunciando y denunciando el camino de la militarización de la seguridad pública no solo por el nombramiento de militares, sino también por los futuros planes de combate al crimen que se están preparando; entre ellos, los tristemente recordados estados de excepción o de sitio, típicos escenarios de violación de los derechos humanos. Este capítulo de la militarización nos comprueba lo lejos que estamos en el país de consolidar una democracia cimentada en la paz, la verdad, la justicia y en una verdadera reconciliación nacional. La decisión del Gobierno de presidente Funes de apostar por la efectividad del Ejército le otorga una indiscutible preponderancia a los militares por sobre la PNC. Y eso —lo seguiremos advirtiendo— no solo conducirá al fracaso de la lucha contra el crimen, sino que puede convertirse en el detonante de una nueva ola de violaciones a los derechos humanos.