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Con dispensa de trámite y en sesión nocturna se aprobaron este miércoles algunos de los impuestos que el Gobierno había presentado a la Asamblea Legislativa, y que no habían entrado a votación por no contar con el respaldo parlamentario suficiente. Con los votos de GANA y del FMLN se aprobó un nuevo tributo del 0.25% a las transacciones bancarias de mil dólares en adelante y un pago mínimo del impuesto sobre la renta equivalente al 1% de los activos de la empresa. Ante ello, y frente a la manera en que los grandes medios de comunicación y la derecha empresarial y política han reaccionado, afirmamos enfáticamente, como hemos hecho antes, que El Salvador requiere de una mayor carga fiscal y que el incremento de los impuestos ya existentes o la creación de nuevos es el único camino para que el Estado disponga de los fondos necesarios para cubrir sus gastos, cumplir con sus obligaciones e invertir en los salvadoreños sin incrementar la deuda pública.
En contra de lo que han expresado muchos empresarios y medios de comunicación, lo que pagamos por impuestos es poco en relación a otros países de la región. Estamos por debajo de la media de América Latina; muy rezagados con respecto a Brasil, Chile y Colombia, que tienen cargas fiscales superiores al promedio latinoamericano. Estas tres naciones suramericanas nos muestran que la carga fiscal no desincentiva la inversión, pues sus economías crecen a buen ritmo y están avanzando hacia mayores niveles de desarrollo y bienestar para su población. Lo mismo ocurre en los países europeos, en los que la fuerte carga tributaria no afecta la salud de sus economías. En abierto contraste está el modelo estadounidense y sus escuálidos impuestos; Estados Unidos no solo no provee de servicios públicos de calidad a sus ciudadanos, sino que es, pese a su poderío, el país más endeudado del mundo.
Afirmar que los impuestos ahuyentan la inversión interna y externa es una mentira flagrante. Si así fuera, cómo explicar que algunos de los más grandes empresarios salvadoreños tienen importantes inversiones en países con cargas fiscales mayores a la de El Salvador. Son otros los factores que ahuyentan a las inversiones, y para hacerles frente, el Estado requiere de más ingresos. Mayor nivel educativo de la población, cero corrupción, administración pública más eficiente, seguridad ciudadana y adecuada infraestructura son algunos de los elementos que favorecen la inversión y que son esenciales para el desarrollo social y económico. Es hipócrita exigir mayor seguridad, eficacia policial y 6% del PIB para educación si no se está dispuesto a aportar los fondos necesarios para ello.
Lo que sí ahuyenta a los inversionistas es la falta de entendimiento en los aspectos nacionales clave. Los constantes desencuentros entre los políticos de nuestro país, y entre la gran empresa privada y el Gobierno, han tenido un efecto negativo en el desempeño de la economía. Si se quiere más inversión, es necesario que haya capacidad para alcanzar acuerdos sobre el país que queremos y la ruta para lograrlo. Si El Salvador tuviera claro hacia dónde ir y cómo avanzar en esa dirección, si ello fuera fruto de un acuerdo a nivel nacional, es muy probable que el país contara con más inversión y cooperación internacional.
La oposición a incrementar la carga fiscal ha sido total por parte de los voceros de la ANEP, de organizaciones como la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) y de Arena y otros partidos políticos, así como de La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y la Asociación de Radiodifusores de El Salvador (Asder), por citar solo algunos ejemplos. El discurso de la mayoría de ellos ha sido de corte populista y falso; no han tenido empacho en manipular la verdad y en afirmar que los nuevos impuestos los pagará la población, que supondrán un alto incremento en los precios al consumidor. Esta inusual preocupación por la economía de la gente solo obedece a una negativa visceral a pagar más impuestos; estas asociaciones, partidos y medios de comunicación están dispuestos a todo para defender su posición. Los nuevos impuestos únicamente supondrán un aumento en los precios si los empresarios aprovechan para incrementar sus utilidades. Si actúan con honradez, el hipotético incremento apenas sería perceptible.
La oposición absoluta a pagar más impuestos no es patriótica. El Salvador requiere más recursos públicos para avanzar en el desarrollo; necesita de un Estado fuerte y eficiente, de una sociedad con una renta mejor redistribuida. Negarse a aumentar la carga tributaria es negarse a que el Estado provea servicios de calidad para la población y mejore las condiciones de vida de los más pobres. Ciertamente, hubiera sido mejor que estos nuevos impuestos —u otros mejor pensados, más progresivos y más fáciles de recaudar— se aprobaran con la participación de la mayoría de los partidos políticos. Es penoso que las leyes pasen de noche y con dispensa de trámite, generando dudas sobre la existencia de negociaciones y pactos oscuros. Ello no abona a la legitimidad ni al necesario entendimiento entre las fuerzas políticas. Sin embargo, parte de la responsabilidad por esa manera de proceder recae en las actitudes cerriles y la negativa a formular propuestas factibles y adecuadas para resolver el problema de los ingresos del Estado.
