Prescripción, corrupción y crimen

La prescripción del delito es habitual en muchos códigos de derecho penal. Y por supuesto está en el nuestro. Pero cuando las instituciones son débiles y corruptas, o fácilmente corruptibles, la prescripción se vuelve un instrumento que favorece la impunidad. En el Caso Jesuitas, durante diez años se impidió hacer justicia contra los autores intelectuales del crimen diciendo que estaban amnistiados. Cuando al fin se le dio la razón a quienes afirman lo contrario, ya habían pasado diez años. Y entonces se informó que el delito había prescrito y que no se podía investigar ni juzgar. En la actualidad, la prescripción se ha elevado a 15 años para los casos más graves si no se inicia ninguna investigación, y es de 10 años si se da algún tipo de proceso. Pero así como funcionan las instituciones en El Salvador, es evidente que la prescripción sigue favoreciendo a los asesinos.

El presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, reveló hace pocos días lo que ya de muchas maneras se sospechaba. Las alianzas políticas entre partidos, que entregaron el monopolio de la Corte de Cuentas al PCN durante 20 años, tenían su propio modo de actuar. Cuando había reparos en el manejo de dineros o proyectos, si el responsable tenía valor estratégico en las alianzas, la documentación se archivaba incluso antes de ofrecer a la autoridad demandada que aclarase las irregularidades encontradas. La legislación favorecía el asunto. Un proceso caducaba —otra palabra para la prescripción— a los dos años de iniciado. Y en el caso de que no se hubiera abierto ningún procedimiento administrativo, a los cinco años ya no podía hacerse. La Corte de Cuentas se convirtió así en un instrumento político, protector de los amigos y perseguidor de los enemigos. Bastaba con no iniciar procesos o simplemente engavetar por un par de años los ya iniciados.

Las irregularidades archivadas y recientemente halladas en la Corte de Cuentas suman casi 22 millones de dólares que requerían explicaciones. La documentación, que se mantuvo escondida y perdida entre papeles hasta ahora, refleja casos que podían haberse aclarado en su momento. En otras palabras, no es seguro que la corrupción fuera igual al monto de los reparos hechos en esos casos. Pero los reparos se descubren en fechas en que el delito ha prescrito, por el tiempo transcurrido. Lo evidente es que hay un sistema corrupto de protección de los amigos. Y lo innegable es que en un sistema de este estilo, la corrupción florece espectacularmente.

Estas denuncias, como las hechas por Rosalío Tóchez, son positivas. Pero se quedan en nada si el sistema no cambia. En una sociedad como la salvadoreña, en la que la violencia y diversas formas de crimen quedan en la impunidad, la prescripción es una norma en favor de los corruptos y los violentos. Y es que solo el 5% de los asesinatos llega a una sentencia condenatoria en el país. Los demás acaban prescribiendo a los 15 años. Y las agresiones, robos y delitos económicos prescriben mucho antes. En una sociedad donde el homicidio y la corrupción florecen, eliminar la prescripción de crímenes graves sería ejemplar. Y en especial, eliminar la prescripción en los delitos de corrupción.

Basta el control de la Corte de Cuentas (algo que no es difícil porque el nombramiento de su titular depende de los partidos políticos) y una alianza entre un Gobierno saliente y uno entrante, para asegurar la impunidad. Cuando los pocos datos disponibles nos dicen que escapan hacia paraísos fiscales más de 800 millones de dólares al año, eliminar la prescripción de delitos económicos de corrupción tiene más lógica que mantenerla. Las instituciones tienen un funcionamiento deficiente y el tiempo pasa rápido. La prescripción facilita que la corrupción se multiplique y arraigue en el país. Muchos delitos en El Salvador se aclaran con el tiempo. La posibilidad de perseguir a los delincuentes sin límite de tiempo favorecería un poco más a la justicia.