Propuestas del FMI

Nuevamente una misión del FMI ha hecho recomendaciones para que El Salvador alcance un mayor equilibrio en las finanzas públicas; es decir, para contener el déficit, ajustar los gastos del Estado a los ingresos que recibe y no incrementar la deuda. No hay que perder de vista que el FMI está más preocupado por la salud financiera de los países que por promover la justicia social en los mismos, lo cual pone en entredicho muchas de sus decisiones. Pero no es menos cierto que si un país no avanza hacia unas finanzas saludables, no tendrá verdaderas posibilidades de desarrollo ni podrá promover la justicia social. Es por ello importante que al momento de analizar las propuestas del FMI, o de cualquier otra instancia en materia de finanzas públicas, se tenga en cuenta en primer lugar a quiénes beneficiarán. Así, el criterio para aprobarlas o rechazarlas debe ser que impulsen directa o indirectamente el desarrollo y la inclusión de los sectores pobres y excluidos de nuestra sociedad.

En el debate nacional sobre la reducción del déficit público, hay dos posturas. Por un lado, la que defiende la necesidad de mantener el nivel de gasto público e incrementar los ingresos fiscales a través de nuevos y mayores impuestos. Por otro, la que afirma que es necesario reducir el gasto para adecuarlo a los ingresos que percibe el Estado, bajo el entendido de que los impuestos no deben aumentarse. La posición del FMI al respecto es intermedia: propone tanto controlar el gasto público como incrementar los ingresos. Para lo primero, plantea una mayor eficiencia estatal, congelar las nuevas contrataciones y poner límites a los incrementos de los salarios de los funcionarios públicos. Además, propone reformar el sistema de pensiones para que sea autosostenible, en lugar de representar un gasto que hoy por hoy es muy oneroso para el Estado, pese a que solo cubre a una pequeña parte de la población.

Un Estado verdaderamente eficiente haría sus tareas con un menor número de funcionarios y ofrecería un mejor servicio a la población. Además, los aumentos salariales que acostumbran pedir los funcionarios públicos distan mucho del incremento del costo de la vida, aun cuando sus sueldos están por encima de los que percibe la mayoría de los trabajadores del país. Que los funcionarios pongan límites a sus pretensiones salariales sería una muestra de solidaridad con el resto de la población. Por último, la reforma del sistema de pensiones no solo es necesaria, sino urgente, y debe orientarse a que el sistema pueda ofrecer mejores pensiones a sus beneficiarios y se encamine hacia la autosostenibilidad. Esta reforma se ha postergado por demasiado tiempo por su impopularidad, por la oposición del empresariado y porque los políticos no han querido verse afectados electoralmente, pero con ello han afectado tanto a los trabajadores como al Estado. Estas tres sugerencias de control del gasto no deberían afectar negativamente a las mayorías, pues no restringen los programas sociales ni debilitan al Estado.

Lo interesante de la propuesta del FMI, que algunos no quieren escuchar, es que también plantea la necesidad de incrementar la recaudación fiscal, y para ello propone principalmente dos acciones: implementar el impuesto predial a las propiedades y aumentar el IVA del 13% al 15%. El impuesto predial, que es común en todos los países latinoamericanos a excepción de Cuba, existía aquí, pero un Gobierno de Arena lo eliminó, y con ello disminuyó la recaudación fiscal y el sistema impositivo dejó de ser progresivo. Volver a cobrarlo sería un avance hacia una mayor justicia fiscal, hacia un sistema en el que pagan más los que tienen más.

La propuesta de aumentar el IVA, que repercutiría directamente sobre la población al implicar un incremento de los precios al consumidor, podría ser aceptada como una necesidad de esta época de crisis, a fin de obtener los fondos que se requieren para ampliar y asegurar los programas sociales. Si el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa aprobaran el incremento, deberían comprometerse a usar los fondos recaudados precisamente para luchar contra la pobreza y la exclusión en la que viven un 40% de la población. Además, no debería aprobarse el incremento al IVA sin su contrapartida para una mayor justicia social: el impuesto predial. De lo contrario, se estaría castigando a los pobres y favoreciendo a los ricos. Y cumplir esa condición deber ser un punto de honor en todo el proceso de discusión y negociación sobre las finanzas públicas.