Que alguien lo explique

Aunque El Salvador requiere urgentes respuestas a la problemática del agua, llega el fin de este año sin que se disponga de un marco regulador. Desde marzo se detuvo la discusión de la Ley General de Aguas, después de que la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa había consensuado alrededor de 90 artículos de la normativa. La razón superficial del estancamiento fue la presentación de otro anteproyecto de ley por parte de la Asociación de Regantes de Atiocoyo Norte, respaldado por el partido Arena. El Foro del Agua ha dicho repetidas veces que detrás de ese anteproyecto está, además de Arena, Fusades. De esta manera, la polarización política del país ha salpicado también al agua: la ley impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por el Foro del Agua ha sido apoyada por el FMLN y sus acompañantes del momento en el hemiciclo legislativo. En contrapartida, Arena apoya la ley de los regantes y de Fusades.

Las posturas contrapuestas reflejan dos visiones igualmente encontradas sobre la naturaleza del agua: un bien público o un bien económico, o si se prefiere, un derecho humano o una mercancía. Asumirla como un derecho humano implica que debe ser gestionada bajo criterios de solidaridad, cooperación, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad. Por el contrario, si se entiende como un bien económico, los principios pasan a ser la competitividad, la ley de la oferta y la demanda, la rentabilidad. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Además, el Consejo de Derechos Humanos reconoció que el derecho al agua es legalmente vinculante para los Estados. En pocas palabras, el derecho al agua es el derecho a la vida.

Por esta contraposición de fondo es que se ha parado la discusión para aprobar la Ley General del Agua. Detrás de cada anteproyecto de ley están los que creen que el agua no debe ser objeto de lucro y quienes la consideran, como casi todo, una mercancía. Y esta contraposición alcanza otras expresiones de la vida nacional. Por ejemplo, los que se niegan a ratificar el artículo 69 de la Constitución, que reconoce al agua como un derecho humano, son los que piensan que el recurso puede ser objeto de privatización. Además, las reformas a la Ley de Asocios Público-Privados exigidas por Estados Unidos, y apoyadas por Arena, Fusades, la ANEP y por el mismo Gobierno, permitirían que el agua pase a ser materia susceptible de privatización.

Si no es así, que alguien explique por qué se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que el agua no se incluya en los asocios. Recientemente, diputados de Arena afirmaron que nadie está hablando de privatizar el agua, sino solamente de incluirla en los asocios entre el Estado y la empresa privada. Pero aquí hay una contradicción. ¿Qué empresario invierte sin esperar ganancias? ¿Pueden los diputados que defienden la reforma mencionar a alguno? Por su lado, la embajadora de Estados Unidos ha dicho que para la aprobación del Fomilenio II es necesario mejorar el clima de inversión, es decir, hacer atractivo el país para los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿para qué se quiere incluir el agua si no es para que los empresarios inviertan en ella como bien comercial?

Las propuestas de modificación a la Ley de Asocios Público-Privados presentadas por el grupo parlamentario de Arena el 23 de agosto dejan poco lugar a dudas. Entre otras cosas, se pide modificar el artículo 3, de manera que se excluya del ámbito de la ley la distribución del agua potable. Además, en el artículo 2 se solicita que "las tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios cubran los costos del proyecto durante la vigencia del contrato y permitan al participante privado obtener una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones del mercado". ¿No es esto una privatización? Si no lo es, ¿de qué se está hablando, entonces? Que alguien lo explique. Si no se trata de privatizar el agua, ¿qué quiere decir que las tarifas deben responder a las condiciones del mercado?

No hay que dejar de repetirlo: El Salvador está al borde del estrés hídrico; no se puede permitir que el agua quede sujeta al vaivén del mercado. Un paso fundamental en esta línea es reconocer al agua como un derecho humano con la ratificación del artículo 69 de la Constitución. Lo otro, urgente también, es reactivar la discusión de la ley que se interrumpió en marzo y garantizar que el Estado asuma su papel de garante último de la captación, distribución y protección de los recursos hídricos del país.